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Existen afirmaciones políticas que, formuladas con la mejor intención, producen el efecto contrario al que pretenden. Cuando la ministra de Sanidad, Mónica García, declaró a mediados de agosto, durante su primera visita a Ceuta tras la entrada masiva, que "asociar inmigración con enfermedad es injusto y xenófobo" y que los inmigrantes "no traen enfermedades, pueden enfermar ahora por condiciones de insalubridad", estaba intentando desactivar un discurso que consideraba estigmatizante.

Hay decisiones administrativas que, por su aparente intrascendencia, revelan con más crudeza que cualquier informe oficial la gravedad de una situación. La suspensión del partido amistoso entre las selecciones sub-20 de España y México, que iba a disputarse en el estadio municipal Alfonso Murube de Ceuta el 30 de septiembre, es una de esas decisiones.

Hay ocasiones en que las buenas ideas llegan desde fuera porque quienes deberían haberlas tenido dentro no supieron o no quisieron formularlas. Eso es lo que ha ocurrido con la propuesta del ministro del Interior alemán, Alexander Dobrindt, quien ha pedido un procedimiento de deportaciones aceleradas para crisis migratorias como la que sufrió Ceuta el pasado 30 y 31 de julio. La iniciativa, presentada durante una reunión en Múnich con sus homólogos europeos y con el comisario de Migración, Magnus Brunner, plantea la creación de un mecanismo europeo para gestionar crisis migratorias, con procedimientos de repatriación urgente, una fuerza de respuesta rápida de Frontex desplegable en veinticuatro horas y un nuevo sistema de apoyo para los países sometidos a presión en sus fronteras exteriores. La propuesta es sensata, oportuna y necesaria. Y resulta llamativo que tenga que venir de Alemania, y no de España, el país que sufrió la crisis. Porque si alguien debería haber liderado esta iniciativa en Bruselas, ese alguien era el Gobierno español, que vivió en primera persona la entrada masiva de más de setenta y dos mil personas en una ciudad de ochenta y cuatro mil habitantes y que, sin embargo, ha permanecido prácticamente en silencio en los foros europeos durante casi dos meses.

La migración ilegal - o irregular - en España no solo es un problema humanitario sino también de seguridad, en especial por la proximidad de Marruecos.