Hay detalles que, por su aparente intrascendencia, pasan desapercibidos en el relato de una crisis. Y hay detalles que, cuando se analizan con rigor, revelan la existencia de una logística planificada, de una preparación meticulosa y de una cadena de suministro que ninguna operación espontánea podría haber articulado. La invasión de Ceuta tuvo su proveedor.
La Policía Nacional ha desalojado de nuevo el Fuerte de El Príncipe, un enclave histórico situado en lo más alto de la barriada del Príncipe Alfonso, donde decenas de inmigrantes llegados durante la entrada masiva de finales de julio vivían en condiciones de absoluta insalubridad.
Cada vez que el Rey viaja y el presidente no aparece a su lado, circula la misma pregunta: ¿y el presidente de la nación, dónde está? Con la visita de los Reyes a Ceuta y Melilla, este martes 13 y miércoles 14 de octubre, ha vuelto a sonar. Merece una respuesta clara.
Existen cifras que, por su propia magnitud, dejan de ser datos para convertirse en diagnósticos. El Gobierno de Pedro Sánchez ha elevado a 84.000 el número de inmigrantes que entraron en Ceuta durante los días 30 y 31 de julio. Ochenta y cuatro mil personas. Una cifra que se aproxima peligrosamente a la población total de la ciudad autónoma, que ronda los 84.500 habitantes.
La Casa Real ha anunciado que los Reyes Felipe VI y Letizia visitarán Ceuta y Melilla los próximos 13 y 14 de octubre. Será la primera visita oficial de Felipe VI a las dos ciudades autónomas desde su llegada al trono en junio de 2014, y la primera de un monarca español desde el viaje que Juan Carlos I y Sofía realizaron en noviembre de 2007. Pero más allá del simbolismo institucional, la visita tiene un significado político y humano que trasciende lo protocolario. Los Reyes han decidido pernoctar en Ceuta, un gesto que no realizaron sus predecesores y que constituye una muestra adicional de apoyo y solidaridad con los ceutíes tras la crisis vivida. Y han incluido en su agenda actos de una enorme carga emocional, como la visita al cementerio musulmán de Sidi Embarek, donde está previsto un homenaje a las alrededor de ciento cuarenta personas que fallecieron cuando intentaban llegar a nado a la ciudad entre el 30 y el 31 de julio. Esa visita, que a primera vista puede parecer un gesto de cortesía institucional, es en realidad una decisión de profundo calado político y diplomático.
El Defensor del Pueblo ha admitido a trámite las quejas presentadas por tres asociaciones de militares sobre la situación del personal de las Fuerzas Armadas desplegado en Ceuta desde la entrada masiva del 30 y 31 de julio. La Asociación Profesional de Suboficiales, la Asociación Unificada de Militares Españoles y la Unión de Militares de Tropa presentaron el pasado 22 de septiembre un escrito en el que denunciaban la falta de seguridad física, jurídica y de medios para los efectivos que prestan servicio en las calles y en el perímetro fronterizo de la ciudad autónoma. La institución que dirige la adjunta primera del Defensor del Pueblo ha comunicado la apertura del expediente al amparo del artículo 54 de la Constitución Española y de la Ley Orgánica del Defensor del Pueblo, con la incoación de las actuaciones oportunas ante la Subsecretaría del Ministerio de Defensa. Esa admisión a trámite no es un gesto protocolario. Es el reconocimiento oficial de que las quejas de los militares tienen fundamento y de que el Gobierno, a través del Ministerio de Defensa, no ha garantizado las condiciones mínimas para que los soldados puedan cumplir su misión con seguridad.
Cuando una ciudad vive días como los que ha vivido Ceuta desde la entrada masiva del 30 y 31 de julio, la atención se la llevan las imágenes grandes. Casi nadie mira a la persona que, con un uniforme sencillo, sigue en su puesto cuando todo lo demás se mueve.
Por fin un CNP, un Centro Nacional de Poetas de España incentivado por el poeta y gestor cultural Gonzalo Escarpa y La Piscifactoria. Por fin, vamos a saber cuántos existen.
