En las últimas semanas, la Delegación del Gobierno en Ceuta ha recibido una lluvia de críticas por su gestión de los retornos derivados de la última crisis migratoria. Se le reprocha lentitud, se le acusa de blandura, se pide que actúe con mayor contundencia. El Gobierno central ha insistido, por boca de varios de sus ministros, en que la actuación se rige por el cumplimiento riguroso de la ley de extranjería, respetando los procedimientos previstos para cada persona, incluidos los menores y quienes solicitan protección internacional. Esa insistencia en la legalidad, lejos de ser reconocida como una garantía, se ha convertido en munición contra la propia Delegación.
