Todos los días Juan Jesús Vivas sale a exigir algo a Madrid. Emergencia nacional, mando único, más policías, blindaje de la frontera, devolución inmediata a Marruecos de quienes entraron en la avalancha de finales de julio. Un discurso construido entero sobre lo que otros tienen que hacer por Ceuta. Lo que no cuenta es lo que él, con sus propias competencias, no está haciendo.
Ceuta está viviendo una situación que nunca debió producirse.
Miguel Ángel Pérez Triano lleva semanas siendo el blanco de todo. Le han pedido la dimisión desde dentro de su propio partido. Le han acusado de mirar para otro lado, de anteponer su carrera política al bienestar de los ceutíes, de mentir. Le han insultado en redes sociales con una virulencia que pocas veces se ve hacia un cargo institucional en esta ciudad. Y antes de sumarse a ese coro, o de aplaudirlo sin más, conviene hacer un ejercicio que en política casi nunca se hace: preguntarse qué habría hecho cualquiera de nosotros sentado en esa silla, el 30 de julio, cuando más de 70.000 personas entraron en Ceuta en cuestión de horas.
Cada vez que hay una crisis, un asesinato de un agente en acto de servicio, una manifestación de sindicatos policiales, se repite el mismo espectáculo: un partido señala al otro, se lanzan reproches cruzados, y todos se erigen por un rato en defensores de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Conviene mirar el historial completo antes de aplaudir a nadie, porque ninguno de los dos grandes partidos que han gobernado España en las últimas décadas puede presentarse limpio ante quienes cada día se juegan la vida por el resto.
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha pisado Ceuta 18 días después de que Marruecos desatara una operación de guerra híbrida contra España. Llega tarde, con un discurso que habla de “tensión asistencial” y niega el colapso, mientras los trabajadores y trabajadoras de la sanidad ceutí arrastran una presión extrema y la ciudad soporta unas condiciones que ya son insoportables.
