El 24 de abril de 2020 había en España 3.617.205 personas en ERTE. Detrás de esa cifra había millones de hogares sin saber si el mes siguiente entraría un sueldo. Conviene recordarlo ahora que el tiempo todo lo suaviza.
Dos meses después de la entrada masiva que tensó al límite todos los servicios públicos de Ceuta, la Administración de Justicia ha recibido refuerzos que, aunque tardíos, empiezan a aliviar la presión insoportable que soportaban sus órganos judiciales.
Hay cosas que, cuando las escribe un catedrático de Derecho Constitucional, adquieren un plus de gravedad que no tendrían si las firmara cualquier columnista. Javier Pérez Royo, que durante años ha sido una referencia en el análisis jurídico-político español, ha publicado un artículo en el que sostiene que Ceuta y Melilla "siguen siendo territorio africano", que su "españolidad" es derivada de la soberanía y no al revés, y que, en consecuencia, no les es de aplicación el artículo 5 del Tratado de la OTAN ni se las considera territorio Schengen a efectos de movilidad en la Unión Europea.
Existen investigaciones judiciales que avanzan a golpe de documentos, y hay otras que avanzan a golpe de contradicciones. La causa que instruye la jueza María Tardón en la Audiencia Nacional sobre la entrada masiva de Ceuta pertenece a esta segunda categoría. Cada comparecencia, cada declaración, cada versión aportada por los distintos actores institucionales ha ido dibujando un cuadro en el que las contradicciones son tan numerosas que resulta difícil distinguir la verdad del relato interesado.
Cabe encontrar hoy en día intelectuales que, cuando se aventuran a analizar la actualidad política, demuestran una capacidad notable para identificar los problemas y una incapacidad igualmente notable para proponer soluciones.
