Hay episodios que, por su aparente pequeñez, revelan con más claridad que cualquier tratado la naturaleza profunda de una crisis. La muerte de una cría de delfín mular en la playa de El Trampolín, en Ceuta, el pasado 3 de septiembre, es uno de esos episodios.
Hay episodios que, por su aparente pequeñez, revelan con más claridad que cualquier tratado la naturaleza profunda de una crisis. La muerte de una cría de delfín mular en la playa de El Trampolín, en Ceuta, el pasado 3 de septiembre, es uno de esos episodios.
No se trata únicamente de un caso de maltrato animal, por muy reprobable que sea. Se trata de una muestra, pequeña pero significativa, del quebranto generalizado de la legalidad que se ha instalado en la ciudad autónoma desde la entrada masiva del 30 y 31 de julio. Cuando en un territorio las normas más elementales de convivencia y de respeto a la vida —incluida la vida animal— se incumplen sin consecuencias aparentes, cuando quienes infringen la ley permanecen en el lugar donde la infringieron sin que se les exija responsabilidad alguna, estamos ante un problema que trasciende el caso concreto. La cría de delfín no es solo una víctima inocente; es el síntoma de un sistema que ha dejado de funcionar.
Los hechos, tal como se han documentado, son estremecedores. Una cría de delfín mular, especie protegida en España bajo el Real Decreto 139/2011 y por directivas europeas de conservación marina, apareció desorientada cerca de la orilla. En lugar de recibir ayuda especializada, varias personas la sacaron del agua, la levantaron en brazos, la exhibieron mientras otros grababan con sus teléfonos y, según las denuncias presentadas, la golpearon con palos. El animal murió. Las primeras imágenes que se difundieron mostraban a un grupo de personas trasladando la cría fuera del agua, aparentemente sin vida. De ahí surgieron versiones que sostenían que el delfín ya había muerto cuando fue encontrado y que quienes lo sacaron del agua lo hicieron movidos por la curiosidad o por una supuesta intención de ayudarlo. Esas versiones presentaban a los protagonistas como "niños hambrientos" que, en su ignorancia, habían actuado sin maldad. Pero las nuevas imágenes, difundidas días después, desmienten esa explicación. El animal estaba vivo. Y fue maltratado.
La secuencia que reconstruyen los vídeos y las denuncias es la siguiente: la cría nadaba en una zona muy próxima a la orilla, desorientada pero viva. Varias personas, ninguna de ellas menor de edad según las imágenes difundidas, aprovecharon esa circunstancia para extraerla del agua. Una vez fuera del medio marino, uno de los individuos propinó al animal un golpe en la cabeza con un palo, según relata la denuncia presentada por la formación política Se Acabó La Fiesta ante el Tribunal de Instancia de Ceuta. La cría quedó gravemente herida y falleció posteriormente. Los implicados huyeron del lugar con el cadáver del mamífero. Esa es la secuencia que la jueza del Juzgado de Instrucción número dos de Ceuta ha considerado suficientemente indiciaria como para abrir diligencias previas por un posible delito contra la fauna y maltrato animal, y para enviar un oficio al Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil ordenando que se practiquen diligencias de averiguación de hechos e intervinientes.
La apertura de diligencias por parte de la magistrada es una buena noticia, pero también una confirmación de la gravedad de lo ocurrido. No estamos ante un simple incidente sin trascendencia jurídica. Estamos ante un posible delito. El maltrato a animales protegidos puede derivar en responsabilidad penal, con penas que van desde multas hasta prisión dependiendo del grado de daño demostrable. Y el hecho de que la víctima sea una cría de una especie protegida, que el animal estuviera desorientado y vulnerable, y que fuera sacado de su medio y agredido mientras otras personas lo grababan y exhibían, agrava la reprobación moral y jurídica de la conducta. La necropsia determinará si el estrés, las agresiones o algún otro factor fueron causa directa de la muerte. Pero, con independencia del resultado de la necropsia, lo que ya está acreditado por las imágenes es que el animal fue sacado del agua, manipulado y golpeado mientras estaba vivo. Y eso, por sí solo, constituye un quebranto de la legalidad que no puede quedar impune.
La asociación Defensa del Arbolado Urbano, la Biodiversidad y el Medio Ambiente presentó también una denuncia ante la Guardia Civil, solicitando la apertura de diligencias, la identificación de los responsables, la elaboración de informes técnicos por parte de los organismos competentes y la remisión de las actuaciones a la Fiscalía de Medio Ambiente. Esa asociación recordó que el animal era un delfín mular, una especie protegida, y consideró que los hechos podrían ser constitutivos de un delito de maltrato animal. Además, trasladó a representantes políticos ceutíes su preocupación por otros posibles delitos contra especies silvestres registrados en la ciudad autónoma. Es decir, no se trata de un caso aislado. Se trata de un patrón de conducta que, si no se corrige, puede repetirse. Y la única forma de corregirlo es que la ley se aplique con todo su rigor.
Porque ahí está el problema de fondo. La cría de delfín no es solo una víctima de la ignorancia o de la crueldad individual. Es una víctima de un sistema que ha permitido que miles de personas entren irregularmente en territorio español, permanezcan en él sin ser expulsadas y, en algunos casos, cometan delitos sin que se les exija responsabilidad alguna. La muerte del delfín es un síntoma de ese quebranto generalizado de la legalidad. Si quienes entraron irregularmente en Ceuta el 30 de julio no han sido devueltos a su país de origen, si permanecen en la ciudad sin que se haya resuelto su situación, si algunos de ellos han cometido delitos contra la fauna protegida y siguen en libertad, ¿qué mensaje se está enviando a la sociedad? El mensaje es claro: en Ceuta, la ley no se aplica con la misma intensidad que en el resto de España. Y ese mensaje, además de injusto, es peligroso, porque erosiona la confianza en las instituciones y alimenta la sensación de impunidad.
La reacción de las organizaciones animalistas ha sido, cuando menos, tibia. Las redes sociales se han llenado de comentarios reclamando explicaciones y preguntando dónde están las organizaciones que habitualmente denuncian cualquier agresión contra animales. ¿Dónde está Pacma para denunciar esto? ¿Por qué el silencio de quienes tanto alzan la voz cuando se maltrata a un perro o a un gato? Esa doble vara de medir revela una hipocresía que no contribuye a la causa de la protección animal, sino que la debilita. Si el maltrato animal es condenable siempre, debe ser condenado siempre. Si la crueldad contra un ser vivo merece reprobación, merece reprobación con independencia de quién la cometa. El silencio cómplice de algunos colectivos ante lo ocurrido en Ceuta no solo es una injusticia para con el delfín muerto; es una traición a los principios que dicen defender.
La jueza ha pedido un informe al Seprona sobre las causas del fallecimiento y quiénes intervinieron en él. Ha aceptado la personación de Se Acabó La Fiesta como acusación popular. Ha abierto diligencias previas por un posible delito contra la fauna y maltrato animal. Esos son pasos necesarios, pero no suficientes. La investigación debe llegar hasta el final, identificar a los responsables, depurar las responsabilidades penales que correspondan y sentar un precedente que disuada a futuros infractores. Porque si la muerte de una cría de delfín queda impune, si los responsables no son identificados y castigados, el mensaje que se enviará no será solo que en Ceuta la ley no se aplica, sino que en Ceuta se puede maltratar a un animal protegido sin consecuencias. Y ese mensaje, además de falso, es profundamente nocivo para la convivencia y para el respeto a las normas más elementales de una sociedad civilizada.
La cría de delfín no es un caso aislado. Es una muestra. Una muestra pequeña, pero significativa, del quebranto de la legalidad que se ha instalado en Ceuta desde el 30 de julio. Una muestra de que, cuando el Estado pierde el control de una frontera, cuando permite que miles de personas entren irregularmente y permanezcan en territorio español sin que se resuelva su situación, cuando no es capaz de aplicar la ley con la misma intensidad que en el resto del país, las consecuencias no se limitan a la migración. Se extienden a todos los ámbitos de la vida social, incluido el respeto a los animales y al medio ambiente. La muerte de esa cría de delfín es una tragedia pequeña en comparación con la magnitud de la crisis, pero es una tragedia que dice mucho sobre el estado de la legalidad en Ceuta. Y mientras esa legalidad no se restablezca, mientras los responsables de los delitos no sean perseguidos y castigados, mientras el Estado no recupere el control de la situación, seguirán produciéndose episodios como este. La cría de delfín no es más que el último síntoma de una enfermedad que afecta a la ciudad autónoma desde hace casi dos meses. Y esa enfermedad no se cura con paños calientes, sino con la aplicación firme y decidida de la ley.
