El debate sobre la semilibertad de Soledad Iparraguirre no admite, para muchos, zonas grises. Y es que hablar de beneficios penitenciarios cuando se trata de miembros de ETA resulta, sencillamente, inaceptable. No estamos ante delitos comunes ni errores puntuales, sino ante una trayectoria marcada por la violencia, el miedo y el sufrimiento de toda una sociedad.
Cuando el Rey Felipe VI afirma que el Derecho es “la piedra angular de la convivencia”, no está lanzando una frase bonita para la galería: está recordando algo que, en tiempos de tensiones globales como las de Oriente Próximo, suena casi a sentido común… aunque a veces se nos olvide.
La discusión sobre el reparto de menores migrantes no acompañados vuelve a poner sobre la mesa una realidad incómoda: cuando se trata de infancia, la política debería bajar el tono y subir la responsabilidad. El mecanismo impulsado por el Gobierno no es un capricho, sino una respuesta a una situación que sigue siendo excepcional. Y mientras esa excepcionalidad persista, mirar hacia otro lado no parece una opción muy defendible.
Otra vez la misma cantinela: el Gobierno niega cualquier financiación ilegal del PSOE mientras, casi al mismo tiempo, aparecen declaraciones que huelen a chamusquina. Que el hermano de Koldo admita haber recogido sobres no es un detalle menor, ni una anécdota sin importancia. Es gasolina sobre un incendio que ya llevaba tiempo prendido, aunque desde arriba se empeñen en venderlo como una simple fogata sin riesgo.
La denuncia de la Ana Dávila no debería pasar desapercibida ni despacharse como un simple rifirrafe político. Cuando se habla de menores migrantes, se habla de personas en una situación extremadamente delicada, no de cifras que se puedan mover de un territorio a otro sin más. Si, como afirma la Comunidad de Madrid, se han producido casos de separación de hermanos o traslados ignorando vínculos familiares, estamos ante algo más serio que un desacuerdo administrativo: estamos ante una posible vulneración de derechos básicos.
