Han tenido que pasar dos meses para que desde Madrid aparezca una medida que, al menos, parece caminar en la dirección de afrontar el problema en lugar de limitarse a administrarlo. El Gobierno prepara un Real Decreto-ley para acelerar las solicitudes de protección internacional pendientes en Ceuta y contempla la devolución de quienes representen un peligro para el orden público o la seguridad nacional. La iniciativa todavía debe ser aprobada y puede cambiar, pero supone un giro relevante respecto a la gestión seguida hasta ahora.