Sesenta días. Dos meses desde que Ceuta sufrió aquella entrada masiva del 30 de julio y la ciudad continúa intentando recuperar una normalidad que se resiste a llegar. No es una valoración exagerada: el propio Gobierno declaró posteriormente la situación de interés para la Seguridad Nacional al reconocer que la crisis había superado las capacidades ordinarias de gestión, acogida y seguridad de la ciudad. Dos meses después, el problema político para Pedro Sánchez es evidente: Ceuta sigue ocupando titulares y las protestas han llegado hasta Madrid reclamando elecciones anticipadas y responsabilidades por la gestión de la crisis.
Sesenta días. Dos meses desde que Ceuta sufrió aquella entrada masiva del 30 de julio y la ciudad continúa intentando recuperar una normalidad que se resiste a llegar. No es una valoración exagerada: el propio Gobierno declaró posteriormente la situación de interés para la Seguridad Nacional al reconocer que la crisis había superado las capacidades ordinarias de gestión, acogida y seguridad de la ciudad. Dos meses después, el problema político para Pedro Sánchez es evidente: Ceuta sigue ocupando titulares y las protestas han llegado hasta Madrid reclamando elecciones anticipadas y responsabilidades por la gestión de la crisis.
Y cuando parecía difícil añadir otra imagen incómoda para un Gobierno que se define como progresista, apareció Mari Carmen. Una mujer de 87 años, con discapacidad, obligada a abandonar la vivienda madrileña en la que había vivido durante más de 70 años. Su desahucio se ha convertido en símbolo de una crisis de vivienda que tampoco nació ayer y que las administraciones, cada una dentro de sus competencias, llevan demasiado tiempo sin resolver. El propio Sánchez lo calificó de “tragedia social”, mientras PSOE y Sumar volvían a evidenciar sus diferencias sobre las medidas que deben adoptarse.
Ceuta y Mari Carmen no son el mismo problema y sería tramposo mezclarlos como si tuvieran una causa común. Pero políticamente terminan encontrándose en un mismo punto: ciudadanos preguntándose para qué sirve un Gobierno cuando los grandes problemas llegan hasta situaciones límite. En Ceuta han hecho falta semanas, miles de plazas extraordinarias y una declaración inédita de interés para la Seguridad Nacional. En Madrid, una anciana ha tenido que abandonar su casa para que, después, todas las administraciones y partidos comenzaran a discutir públicamente quién tenía la culpa. Esa política de llegar después de los acontecimientos desgasta a cualquiera.
¿Será todo esto el principio del final político de Sánchez? Eso lo decidirán las urnas cuando corresponda, no un editorial. Y sobre una supuesta paralización de las elecciones para ganar tiempo conviene no alimentar rumores: a día de hoy no hay evidencia que permita afirmar semejante escenario. La legislación electoral establece los procedimientos y plazos para la convocatoria de elecciones generales, mientras que la controversia reciente sobre el censo afecta cautelarmente a determinados beneficiarios de la denominada “ley de nietos”, no supone la suspensión de unas elecciones generales.
Lo que Sánchez sí tiene delante es algo bastante más tangible: desgaste, protestas y problemas que se acumulan. Ceuta lleva sesenta días esperando cerrar una crisis que parecía que iba a durar mucho menos; Mari Carmen ha puesto rostro humano a una emergencia habitacional enquistada; y miles de personas salieron este sábado en Madrid reclamando elecciones. El Gobierno podrá buscar responsables, defender sus medidas y pedir más tiempo. Está en su derecho. Pero el tiempo tiene una mala costumbre en política: acaba pasando factura cuando los ciudadanos sienten que sus problemas avanzan bastante más deprisa que las soluciones.