Que un guardia civil no puede emborracharse en la Moncloa y enseñar el culo al jefe de escoltas es bastante evidente; no hacía falta que lo recordara el Supremo, pero ahí estamos. La disciplina no entiende de bromas gruesas ni de momentos “creativos”, y menos en la casa del presidente. Hasta aquí, todos de acuerdo.
La muerte de la mujer onubense ingresada tras el siniestro de Adamuz, que eleva la cifra de víctimas a 46, vuelve a recordarnos la magnitud de esta tragedia y la fragilidad de nuestra respuesta ante accidentes de esta envergadura. Cada número es una vida, una familia destrozada, y no hay justificación que atenúe el dolor ni la alarma social que provoca este incremento de víctimas.
El Gobierno vuelve a demostrar, una vez más, que su compromiso con la justicia es más aparente que real. Ahora tramita una petición de indulto para García Ortiz, quien ya ha sido condenado, y lo hace sin ningún pudor. Lo sorprendente no es la medida en sí, sino la contundencia con la que se mantiene el respaldo al fiscal general, a pesar de que los hechos están claros y la sentencia firme.
Que Óscar Puente diga que le piden la dimisión porque “hace muy bien su trabajo” suena a chiste de mal gusto cuando se pronuncia tras hablar de tragedias ferroviarias con decenas de víctimas. No es valentía política, es soberbia. Y la soberbia, cuando va acompañada de dolor ajeno, se convierte en cinismo.
El accidente ferroviario de Adamuz no fue un simple error ni un trágico accidente aislado: fue un desastre que costó la vida a 45 personas. Y ahora, ante la gravedad de los hechos, surge una pregunta que debería ser obvia para cualquiera: ¿cómo puede un ministro eludir su responsabilidad? Óscar Puente, al frente del Ministerio de Transportes, tiene mucho que explicar, y no se trata de excusas ni de declaraciones vacías. La justicia debe actuar, y rápido.
