El próximo 10 de abril está previsto que entre en vigor el nuevo tratado sobre Gibraltar, pero en España seguimos sin conocer su letra pequeña. Mientras tanto, en el Peñón el Gobierno de Fabián Picardo ya lo ha aprobado, lo ha compartido con la oposición y lo ha explicado a sus sectores económicos. Aquí, en cambio, el contenido se guarda con más celo que una receta familiar. Y eso, cuando hablamos de fronteras, soberanía y economía, no es un detalle menor.
Lo ocurrido en Ibiza y Palma no es un suceso aislado ni un simple titular de crónica negra. Un hombre que debía mantener distancia por orden judicial decidió saltársela y dejó a su expareja en estado crítico. Otra vez la violencia machista, otra vez una mujer luchando por su vida, otra vez la sensación amarga de que algo está fallando. En lugares como Ibiza y Palma, donde a menudo se vende sol y tranquilidad, también se esconden historias de terror que no pueden normalizarse.
España vive una paradoja cada vez más visible: se crea empleo y, aun así, una parte del país sigue atascada en el desempleo. En enero de 2026 el paro registrado cerró en 2.439.062 personas y, según la EPA, el número de parados ronda los 2,48 millones con una tasa del 9,93%. Y, sin embargo, cualquiera que hable con empresas de hostelería, cuidados, construcción o logística escuchará la misma queja: “no encontramos gente”.
La izquierda alternativa al PSOE ya no disimula: ha empezado a mover ficha con la vista puesta en las próximas generales. La refundación del espacio de Sumar y sus socios de Gobierno no es casualidad, ni mucho menos inocente. Huele a rearme ideológico y, sobre todo, a ajuste de cuentas. Cuando tus aliados empiezan a reorganizarse sin contar contigo, quizá el problema no esté fuera, sino en casa.
Por fin el Congreso ha dado un paso que muchos ciudadanos llevaban años reclamando: endurecer la respuesta frente a la multirreincidencia. No hablamos de errores puntuales ni de casos aislados, sino de delincuentes que entran y salen del juzgado como quien ficha en la oficina. Que PSOE, PP, PNV, Junts y Vox hayan sido capaces de ponerse de acuerdo en algo así demuestra que, cuando hay voluntad política, las cosas pueden moverse.
