La Corona británica siempre ha presumido de algo más que protocolo y pompa: presume de ejemplaridad. Por eso, la tibieza del rey Carlos III con su hermano Andrés frente al escándalo Epstein no es un asunto menor ni una simple disputa familiar. Es un problema institucional. Cuando el silencio o las medias tintas sustituyen a la contundencia moral, el mensaje que se envía es devastador: que el apellido pesa más que la responsabilidad.
Si algo ha demostrado Gabriel Rufián en los últimos años es que no le teme al choque de ideas, pero también sabe que la izquierda española anda más dividida que nunca. Con partidos que a veces parecen hablar distintos idiomas y facciones internas que se miran de reojo, Rufián ha decidido que su papel no es solo criticar al adversario, sino tender puentes donde otros solo ven muros.
La política española vuelve a girar en torno a una palabra incómoda: responsabilidad. El Partido Popular ha exigido la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por supuestamente “encubrir” o “desconocer durante meses” una denuncia gravísima contra su mano derecha en la Policía Nacional. Los populares no se creen que el ministro se enterara ayer de la presunta violación que salpica a su entorno más directo. Y, sinceramente, cuesta no preguntarse cómo es posible que algo así pase desapercibido tanto tiempo en el corazón mismo del Ministerio.
La extradición desde Venezuela del responsable del llamado criadero de los horrores de Melgar de Fernamental (Burgos) marca un antes y un después en una investigación que empezó hace más de una década y que ha conmocionado a más de uno por el sufrimiento infligido a decenas de animales. Este individuo, prófugo desde 2020, ha sido finalmente localizado, detenido y traído de vuelta a España para responder ante la justicia por delitos de maltrato animal y alzamiento de bienes.
La noticia de que la Unidad Central Operativa (UCO) ha detenido al que fuera jefe de gabinete del delegado del Gobierno en Andalucía por un presunto pelotazo urbanístico vuelve a golpear esa fibra ya castigada de la opinión pública. No es solo el caso en sí, es la sensación de déjà vu. Otra vez urbanismo, otra vez despachos, otra vez cargos de confianza bajo sospecha. Y otra vez la palabra “presunto” acompañando a operaciones que huelen a lo de siempre.
