La noticia de que un médico ha sido enviado a prisión provisional en Ceuta por una presunta agresión sexual ha conmocionado a la ciudad. Es inevitable que este tipo de sucesos provoquen alarma social, más aún cuando afecta a profesionales en quienes la ciudadanía deposita una enorme confianza. Sin embargo, conviene recordar que la prisión provisional no es una condena, sino una medida cautelar para garantizar que el proceso judicial pueda desarrollarse sin interferencias.
Por mucho empeño que le estén poniendo algunos peritos de renombre, la realidad es tozuda: la tesis de la defensa se tambalea. No convence ni al jurado ni al más despistado del lugar. Nadie se cree ya ese relato enrevesado que intenta tapar lo que, a todas luces, ha sido un asesinato. Ni la puesta en escena, ni los informes técnicos llenos de palabras rimbombantes logran ocultar la verdad.
El presidente Juan Vivas ha vuelto a Madrid a vender las virtudes de Ceuta como tierra de oportunidades. Esta vez, para participar en una charla sobre inversión en la ciudad autónoma. Hasta ahí, todo parece razonable. Pero cuando uno se entera de que en la sala apenas había una quincena de personas —y que más de la mitad eran miembros del séquito ceutí—, la cosa cambia. Porque esto ya no va de promocionar Ceuta, sino de justificar viajes institucionales que cuestan dinero público.
En Ceuta, echar gasolina se ha convertido en un pequeño drama doméstico que todos vivimos semana tras semana. Cada vez que uno pasa por la estación de servicio, no puede evitar mirar el marcador con resignación. Aquí, donde todo llega por mar y los costes logísticos ya son elevados, los precios del combustible se notan más que en otros lugares. Y lo que más duele no es solo el precio en sí, sino la sensación de que las instituciones podrían hacer algo más para aliviarnos la carga… y no lo hacen.
Ceuta recibirá el próximo año más de 2,2 millones de euros destinados a combatir la violencia de género. Una cifra importante, que supone un incremento respecto al ejercicio anterior y que, en palabras de la consejera Nabila Benzina, refleja un compromiso firme de las administraciones públicas para erradicar esta lacra. Bien está que desde las instituciones se refuercen los recursos, se diseñen programas específicos y se articulen discursos contundentes. Pero también es legítimo preguntarse: ¿está calando este esfuerzo institucional en la vida real de las víctimas?
