Cada año, cuando se acercan las fiestas, vuelve a activarse el Plan “Comercio Seguro” y, con él, operaciones como la conocida Operación Abeto. En Ceuta, la Jefatura Superior de Policía la puso en marcha del 22 de noviembre al 12 de enero, con un objetivo claro: prevenir delitos contra la propiedad y reforzar el contacto con la ciudadanía y los comerciantes. Hasta aquí, nada que objetar.
Que el PP lleve a Europa la defensa de los profesionales de la seguridad no debería sorprender a nadie, pero sí debería hacernos pensar. No porque sea una iniciativa tardía —que lo es— ni porque se intente ahora —mejor ahora que nunca—, sino porque resulta incomprensible que todavía estemos discutiendo algo tan básico como el riesgo real de estas profesiones.
La secretaría general del ayuntamiento no puede seguir funcionando como un cuello de botella permanente. Cuando todo pasa por una sola mesa y nada avanza sin un visto bueno que nunca llega, la gestión se paraliza y con ella la administración y las empresas públicas. No es una opinión caprichosa: es una realidad que se vive cada día en los pasillos.
Lo que está ocurriendo con la nueva sede del 112 en Ceuta no es una anécdota menor, es una chapuza con todas las letras. El PSOE de Ceuta ha hecho bien en levantar la voz ante una decisión que no parece pensada ni para los trabajadores ni para la seguridad de la ciudadanía. Colocar un servicio de emergencias en un semisótano ya suena mal de entrada; hacerlo además entre un aparcamiento y un gimnasio es, sencillamente, incomprensible.
La imagen del sillón vacío en el primer pleno tras su puesta en libertad dice mucho sin necesidad de palabras. Mohamed Ali Duas tenía derecho a estar allí, pero decidió no acudir. Y aunque la ausencia es una decisión personal, en política casi nunca es un gesto neutro: siempre comunica algo, aunque no quede claro el qué.
