Hay épocas que, con el paso del tiempo, se recuerdan no solo por la política o las obras, sino por sensaciones muy concretas de la vida cotidiana. En Ceuta, muchos vecinos recuerdan los años de Luis Vicente Moro como una etapa en la que, más allá de polémicas o estilos de gobierno, la ciudad transmitía una sensación clara de seguridad en las calles.
En la empresa municipal Servilimpce parece haberse instalado una situación tan absurda como preocupante: nadie sabe realmente quién manda ni qué funciones tiene cada cual. Las categorías profesionales se diluyen, los puestos se mezclan y las decisiones se toman en una especie de limbo administrativo donde todo el mundo trabaja… pero pocos saben exactamente bajo qué criterios o responsabilidades. Cuando una empresa pública llega a este punto, el problema deja de ser interno y pasa a ser una cuestión de gestión pública.
Durante años fue una de esas reivindicaciones que en Ceuta se repetían casi por costumbre. Generaciones de ceutíes han escuchado hablar de la necesidad de abrir el puerto a la ciudad, de derribar barreras físicas y mentales que separaban dos espacios que, en realidad, siempre han estado condenados a entenderse. La demolición del último chalet del puerto no es solo el final de un pleito administrativo y judicial interminable; es, sobre todo, el cierre de una etapa que ya se había alargado demasiado.
Hay decisiones judiciales que, aunque puedan estar amparadas por la ley, resultan difíciles de explicar a la sociedad. La reciente negativa del juzgado a aceptar las protestas de la defensa de la familia de Mohamed Alí, el joven secuestrado y asesinado en enero de 2022, ha vuelto a abrir una herida que para su madre nunca ha dejado de sangrar. Saber que una de las personas condenadas por aquellos hechos puede empezar a disfrutar de permisos penitenciarios es algo que, para muchos, cuesta asumir.
El MDyC ha pedido al consejero Alejandro Ramírez que agilice el pago de los atrasos relativos a las subidas salariales de las Brigadas Verdes. Una petición razonable si se tiene en cuenta que se trata de un dinero ya reconocido y que debería haber llegado hace tiempo a los trabajadores que lo esperan.
