La decisión de que la Policía Local de Ceuta continúe integrada en el sistema nacional Viogén es, sin duda, una buena noticia. Este modelo de coordinación entre fuerzas de seguridad permite detectar riesgos, proteger a las víctimas y evitar que muchos casos de violencia de género escalen a situaciones irreparables. En un problema tan grave, sumar recursos, información y presencia policial siempre es avanzar.
A veces, en política local, lo más raro no es que haya desacuerdos, sino que alguien se atreva a ejercer la oposición de verdad. Durante demasiado tiempo la sensación ha sido la de un tablero donde casi todos juegan con demasiadas cautelas, midiendo cada palabra para no molestar demasiado. Por eso sorprende —y en cierto modo se agradece— ver a un partido dispuesto a señalar irregularidades y exigir explicaciones sin mirar antes a quién puede incomodar.
Si la documentación que obra en poder de quienes conocen este asunto se corresponde con la realidad de los hechos, lo sucedido con la contratación de los seguros de la flota y de otros servicios en esta empresa pública sería de una gravedad extraordinaria. No ya solo por la utilización de un contrato de naturaleza privada, sino por la aparente ausencia de transparencia, publicidad, igualdad de trato y posibilidad real de concurrencia para otras empresas de la ciudad.
La visita de Vox a la frontera del Tarajal para cargar contra PP y PSOE por la presión migratoria ha vuelto a poner sobre la mesa un debate que muchos prefieren esquivar. El partido de Santiago Abascal señala directamente a los gobiernos de los últimos años por lo que considera una falta de control que acaba repercutiendo, entre otras cosas, en la sanidad pública. Más allá del tono político habitual, lo cierto es que el tema toca una preocupación real de muchos ciudadanos.
A la vista de lo que ocurre a nivel nacional con el caso Koldo y con las causas que afectan a José Luis Ábalos, mientras continúan otras investigaciones sobre presuntas irregularidades en adjudicaciones y obra pública vinculadas al entorno del caso, conviene extremar la prudencia con los hechos y la firmeza con los controles. El juicio oral por el llamado caso mascarillas contra Ábalos y Koldo está señalado a partir del 7 de abril de 2026, mientras siguen abiertas otras líneas sobre contratos y obras.
