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España está sufriendo una oleada de ciberataques que pone en jaque a empresas de todos los tamaños. Desde grandes corporaciones hasta pequeños negocios, nadie está a salvo de unos delincuentes que, desde la comodidad de su ordenador, pueden paralizar una compañía entera. Los ataques de ransomware, que secuestran los sistemas informáticos a cambio de un rescate, se han convertido en el pan de cada día para muchos empresarios que, de la noche a la mañana, ven comprometidos sus datos y su operativa.

Pedro Sánchez cumplirá esta semana un año sin someterse al control del Senado. Un año entero esquivando preguntas incómodas, eludiendo explicaciones y despreciando, en definitiva, el papel de la Cámara Alta. Es un récord bochornoso, impropio de una democracia seria, pero muy acorde con el estilo autoritario y arrogante que caracteriza su mandato.

El Gobierno de Pedro Sánchez parece seguir sumando capítulos en su eterna novela de escándalos y controversias. En esta ocasión, el juez Juan Carlos Peinado ha citado al ministro Félix Bolaños para que testifique sobre la contratación de Cristina Álvarez, asesora de Begoña Gómez, en un caso que no hace sino alimentar las sospechas de corrupción y tráfico de influencias en el círculo más cercano al presidente del Gobierno. Este episodio, que tendrá lugar el 16 de abril, parece ser una de las consecuencias más directas de una serie de decisiones que parecen estar marcadas por la falta de transparencia y, sobre todo, por la mala gestión de la ética pública.

Cuando uno cree que ya ha visto lo peor, la realidad se encarga de desmentirlo. Las cifras que han sacado a la luz los activistas sobre las ejecuciones de más de 428 civiles a manos de las fuerzas de seguridad sirias en la costa son un recordatorio brutal de que la impunidad sigue reinando en el país. Años de guerra, represión y silencios cómplices han dejado a la población atrapada en un ciclo de violencia que parece no tener fin.