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Resulta escandaloso que, en pleno 2025, el 80% de los ayuntamientos catalanes hayan decidido vetar la bandera de España en sus balcones institucionales. No estamos hablando de un trapo cualquiera, sino del símbolo común que representa a todos los ciudadanos de este país, también a los catalanes —aunque a algunos les cueste aceptarlo—. Esta actitud no solo es una falta de respeto, es una declaración de intenciones: la de seguir alimentando un discurso excluyente, provinciano y profundamente antidemocrático.

El ‘caso Ábalos’ ha cobrado una nueva dimensión con la aparición de revelaciones que amenazan la estabilidad del Gobierno. La implicación de figuras cercanas a la política, como Scalper, sobrino de Carolina Pérez, en la trama Koldo y Ábalos, ha llevado la controversia a Ceuta, generando inquietud y desconfianza entre los ciudadanos. Este escándalo no solo pone en entredicho la integridad de los involucrados, sino que también plantea serias preguntas sobre la transparencia y la ética en la gestión pública.

Lo de Tragsa empieza a ser de escándalo. La empresa pública que nació con el supuesto objetivo de agilizar obras y servicios en el ámbito rural se ha convertido, con el paso del tiempo, en una herramienta al servicio de los gobiernos de turno para colocar a dedo a quienes les interesa. El último episodio destapado, ese contrato de 2,4 millones de euros para enchufados procedentes de Adif, es solo la punta del iceberg de una práctica demasiado común: usar el dinero público como cortijo privado.

Ione Belarra ha sido reelegida al frente de Podemos con el 90 % de los votos. En cualquier otra circunstancia, este resultado sería motivo de celebración, pero en este caso suena más a autoafirmación de una estructura encerrada en sí misma que a un verdadero respaldo popular. La frase con la que coronó su reelección —eso de que “el sueño húmedo del PSOE era suplirnos por una izquierda dócil”— es un ejemplo perfecto del victimismo que tan bien explotan algunos dirigentes morados cuando se quedan sin discurso.