Noticias

Cuando un fiscal general borra sus propios mensajes y correos electrónicos en plena investigación, algo huele mal. Álvaro García Ortiz, en su declaración ante el Tribunal Supremo, reconoció que eliminó sus chats "por seguridad", amparándose en un protocolo de protección de datos. Pero cuando la Guardia Civil revisó sus dispositivos y encontró "cero" mensajes, quedó claro que no se trataba de una precaución rutinaria, sino de una limpieza a conciencia.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha cruzado otra línea roja en su afán por mantenerse en el poder. Ahora, ha decidido poner la política migratoria al servicio de los intereses independentistas catalanes, cediendo competencias clave a quienes llevan años buscando la ruptura con España. Con cada concesión, el Ejecutivo no solo debilita la unidad del país, sino que refuerza la idea de que en esta España del sanchismo, el que más chantajea, más obtiene.

Pedro Sánchez ha vuelto a jugar con fuego, y esta vez el peligro no es solo político, sino también estratégico para la seguridad de España. La decisión del Gobierno de ceder más competencias en inmigración a Cataluña, en un aparente guiño a sus socios independentistas, no solo rompe con la igualdad entre comunidades, sino que genera un riesgo real de descoordinación en un asunto tan delicado como el control de nuestras fronteras. No se trata de un simple trámite burocrático, sino de algo que compromete la estabilidad del país.

Alberto Núñez Feijóo ha admitido lo que era evidente: Carlos Mazón no ha estado a la altura. Pero, en lugar de sacar conclusiones lógicas, lo mantiene bajo su manto protector, justificándolo como un mal menor frente a los ataques del Gobierno. Es decir, reconoce la falta de competencia, pero no está dispuesto a tomar medidas al respecto.