Antonio Hernando ha reconocido que su reunión con Leire Díez giró en torno a la llamada “policía patriótica” y a su supuesto uso contra Pedro Sánchez. Hasta ahí, debate político. El problema llega cuando esa conversación se cruza con una investigación judicial en marcha que no va de relatos, sino de hechos y responsabilidades.
Que un guardia civil no puede emborracharse en la Moncloa y enseñar el culo al jefe de escoltas es bastante evidente; no hacía falta que lo recordara el Supremo, pero ahí estamos. La disciplina no entiende de bromas gruesas ni de momentos “creativos”, y menos en la casa del presidente. Hasta aquí, todos de acuerdo.
Que Óscar Puente diga que le piden la dimisión porque “hace muy bien su trabajo” suena a chiste de mal gusto cuando se pronuncia tras hablar de tragedias ferroviarias con decenas de víctimas. No es valentía política, es soberbia. Y la soberbia, cuando va acompañada de dolor ajeno, se convierte en cinismo.
La muerte de la mujer onubense ingresada tras el siniestro de Adamuz, que eleva la cifra de víctimas a 46, vuelve a recordarnos la magnitud de esta tragedia y la fragilidad de nuestra respuesta ante accidentes de esta envergadura. Cada número es una vida, una familia destrozada, y no hay justificación que atenúe el dolor ni la alarma social que provoca este incremento de víctimas.
El Gobierno vuelve a demostrar, una vez más, que su compromiso con la justicia es más aparente que real. Ahora tramita una petición de indulto para García Ortiz, quien ya ha sido condenado, y lo hace sin ningún pudor. Lo sorprendente no es la medida en sí, sino la contundencia con la que se mantiene el respaldo al fiscal general, a pesar de que los hechos están claros y la sentencia firme.
