El accidente ferroviario de Adamuz no fue un simple error ni un trágico accidente aislado: fue un desastre que costó la vida a 45 personas. Y ahora, ante la gravedad de los hechos, surge una pregunta que debería ser obvia para cualquiera: ¿cómo puede un ministro eludir su responsabilidad? Óscar Puente, al frente del Ministerio de Transportes, tiene mucho que explicar, y no se trata de excusas ni de declaraciones vacías. La justicia debe actuar, y rápido.
Han pasado ocho días desde el trágico accidente ferroviario de Adamuz, con 45 personas fallecidas y decenas de heridos, y lo que seguimos escuchando son frases huecas. Que “caerá quien tenga que caer” suena solemne, pero no consuela ni repara. Menos aún cuando se dice desde un cargo que, precisamente, debería asumir algo más que palabras.
El accidente de Adamuz ya no es solo una noticia más: ha llegado a Ceuta y nos ha golpeado de lleno. En ese siniestro perdió la vida un ceutí, el capitán Álvaro García Jiménez, un hombre de bien cuya ausencia deja un silencio difícil de llenar.
Mientras muchas familias hacen malabares para llegar a fin de mes, PP y PSOE se ponen de acuerdo —qué casualidad— para subir hasta un 2% el sueldo de los senadores en 2026. No para hablar de alquileres imposibles, de la cesta de la compra o de salarios que no crecen, sino de sus propios bolsillos.
Jordi Sevilla ha puesto el dedo en la llaga con una advertencia incómoda: subir las pensiones a base de deuda puede sonar bien hoy, pero compromete las de mañana. No es una crítica menor ni un capricho tecnocrático; es una llamada de atención sobre un sistema que, si se estira sin respaldo real, acaba rompiéndose por el extremo más débil.
