Si el PSOE de Ceuta quiere volver a ser una opción política con peso en la ciudad, lo primero que debe hacer es aplicar la estrategia que su nuevo secretario general tenga diseñada. No se puede dirigir un partido con hipotecas ni con concesiones a quienes han demostrado más lealtad a sus propios intereses que a la organización. Si los llamados “diputados de la traición” no están dispuestos a alinearse con el rumbo marcado, lo lógico y honesto sería que entregaran el acta o, en su defecto, se marcharan al Grupo Mixto. Lo que no puede permitirse el partido es ser cómplice de una política basada en el oportunismo y los cálculos personales.

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Una vez más, el barrio de Príncipe Felipe se ve empañado por un acto de vandalismo que deja a los vecinos con un sabor amargo. Esta vez, el cristal de un autobús urbano ha sido destrozado, un incidente que, lamentablemente, no es el primero ni parece ser el último. ¿Qué lleva a alguien a cometer semejante barbaridad? Es difícil entenderlo, pero lo que está claro es que estas acciones no solo dañan bienes públicos, sino que afectan directamente a la calidad de vida de quienes viven en la zona.

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La desconexión digital obligatoria es un concepto que, aunque hasta hace poco parecía una utopía, se está consolidando como un derecho fundamental para los empleados. En un mundo cada vez más interconectado, en el que el trabajo remoto ha borrado las fronteras entre la oficina y el hogar, la posibilidad de desconectar de la jornada laboral se convierte en una necesidad. Los empleados, especialmente en sectores de alto rendimiento y estrés, necesitan ese respiro para recuperar su bienestar, tanto físico como emocional. La desconexión digital obligatoria busca regular ese tiempo de desconexión, asegurando que los trabajadores no se vean forzados a estar disponibles las 24 horas del día.

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A estas alturas, sorprendernos ya no es una opción, pero tampoco deberíamos resignarnos al silencio. En Ceuta, cada día es más evidente que no todos los ciudadanos —ni todas las empresas— juegan con las mismas reglas. Lo último, el tratamiento desigual que se está dando a ciertos alquileres de locales por parte de empresas municipales. Lo que para unos es imposible por tratarse de una “concesión administrativa”, para otros es perfectamente viable. Y claro, uno se pregunta: ¿cuál es la vara de medir? ¿Quién la maneja? ¿Y por qué se aplica de forma tan arbitraria?

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Lo ocurrido en la barriada del Príncipe Alfonso, donde tres policías resultaron heridos cuando intentaban detener a una persona, es un episodio que no puede ni debe normalizarse. No es la primera vez que agentes de las fuerzas de seguridad sufren agresiones en el ejercicio de su deber, pero cada vez que sucede se reabre el mismo debate: ¿hasta cuándo se va a tolerar que algunos vecinos conviertan ciertas zonas en territorios vedados para la autoridad?

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Ceuta, Miercoles 02 de Septiembre del 2026

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