En los últimos meses, las redes sociales se han llenado de supuestas ofertas irresistibles: zapatillas de marca a cinco euros, bolsos exclusivos a precios de risa o chaquetas de firma a coste de mercadillo. La realidad, como han comprobado ya cientos de personas que han interpuesto denuncias, es que detrás de estas "gangas" se esconden auténticos fraudes que juegan con la ilusión y la buena fe de la gente.
El escarnio público que sigue sufriendo Javier Guerrero a manos de El Faro de Ceuta resulta, cuanto menos, vergonzoso. No entendemos qué o quién mueve los hilos detrás de esa manera de contar las cosas, con una mala leche evidente, impropia de un medio que se dice serio. Todavía no se está enjuiciando el caso y, sin embargo, ya hay quien reparte condenas en titulares. Sería bueno recordar que será la Justicia quien tenga la última palabra y que, a lo mejor, algunos se acaban llevando una sorpresa.
Que en pleno 2025 Ceuta cuente con un solo psiquiatra para atender los casos agudos de salud mental es algo más que una cifra alarmante: es una vergüenza. No hay otra palabra que lo defina mejor. Nos encontramos ante un sistema que ya no da más de sí, colapsado, sin recursos y, lo peor de todo, sin soluciones a la vista. No es un problema nuevo, pero cada vez es más grave, y parece que a nadie le importa lo suficiente como para actuar con la urgencia que requiere.
Todo lo que beneficie los bolsillos de los ceutíes es, sin duda, una buena noticia. La consejera Kissy Chandiramani tiene previsto elevar al Pleno nuevas bonificaciones fiscales en áreas clave como la vivienda, el deporte, la sostenibilidad y la justicia social. Un abanico de medidas que, si se aplican con criterio y transparencia, pueden aliviar la presión económica que muchas familias ceutíes sufren en su día a día.
Lo que esta mañana ha sacado a la luz la Policía Nacional con la denominada “Operación Tetuán” es mucho más que un fraude académico: es un ejemplo perfecto de cómo algunos podrían estar aprovechándose de la vulnerabilidad ajena para hacer negocio. Que haya detenidos por ofrecer cursos de formación presuntamente ficticios a ciudadanos extranjeros en situación irregular, a cambio de 1.400 euros y la promesa de un permiso de residencia, no solo escandaliza por la estafa en sí, sino porque revela la falta de escrúpulos con la que algunos juegan con el sueño de integración de personas desesperadas.
