Hay decisiones judiciales que, aunque puedan estar amparadas por la ley, resultan difíciles de explicar a la sociedad. La reciente negativa del juzgado a aceptar las protestas de la defensa de la familia de Mohamed Alí, el joven secuestrado y asesinado en enero de 2022, ha vuelto a abrir una herida que para su madre nunca ha dejado de sangrar. Saber que una de las personas condenadas por aquellos hechos puede empezar a disfrutar de permisos penitenciarios es algo que, para muchos, cuesta asumir.

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Durante años fue una de esas reivindicaciones que en Ceuta se repetían casi por costumbre. Generaciones de ceutíes han escuchado hablar de la necesidad de abrir el puerto a la ciudad, de derribar barreras físicas y mentales que separaban dos espacios que, en realidad, siempre han estado condenados a entenderse. La demolición del último chalet del puerto no es solo el final de un pleito administrativo y judicial interminable; es, sobre todo, el cierre de una etapa que ya se había alargado demasiado.

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Hay actos del Partido Popular en Ceuta que parecen reuniones familiares más que eventos políticos abiertos a la ciudadanía. Da igual el motivo de la convocatoria, da igual el cartel o la excusa institucional: las caras que ocupan las sillas son siempre las mismas. El partido insiste en hablar de participación y cercanía, pero lo que se ve desde fuera es un círculo cerrado donde cuesta que entre aire nuevo.

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En política, a veces el silencio dice más que mil ruedas de prensa. Eso es lo que muchos ciudadanos comentan estos días sobre Juan Vivas y su relación con la controvertida gestión de Alejandro Ramírez. No son pocos los que consideran que la etapa reciente ha estado marcada por decisiones erráticas y una gestión que, como mínimo, ha generado un profundo malestar público.

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Ceuta, Jueves 03 de Septiembre del 2026

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