Hay decisiones judiciales que, aunque puedan estar amparadas por la ley, resultan difíciles de explicar a la sociedad. La reciente negativa del juzgado a aceptar las protestas de la defensa de la familia de Mohamed Alí, el joven secuestrado y asesinado en enero de 2022, ha vuelto a abrir una herida que para su madre nunca ha dejado de sangrar. Saber que una de las personas condenadas por aquellos hechos puede empezar a disfrutar de permisos penitenciarios es algo que, para muchos, cuesta asumir.