La Ley de Contratos del Sector Público no es una mera sugerencia burocrática ni un obstáculo prescindible para la conveniencia política; es la columna vertebral que garantiza la limpieza y la transparencia en la gestión del dinero de todos los ciudadanos. Por ello, la reciente y demoledora denuncia que apunta a una presunta trama de contratación irregular en el área de Festejos desde el año 2023, situando en el ojo del huracán la gestión de Eduardo Ayala, representa un escándalo de dimensiones institucionales insostenibles que no puede saldarse con el habitual encogimiento de hombros al que nos tiene acostumbrados el Ejecutivo local.