Lo del PSOE empieza a parecer una serie sin final, pero sin guion claro ni personajes del todo creíbles. Que el partido haya informado al Tribunal Supremo de que retiró casi un millón de euros en efectivo entre 2017 y 2024 para “pagos en metálico” suena, como mínimo, extraño. En tiempos donde cada transacción queda registrada hasta en el café de la esquina, resulta difícil de entender por qué un partido político necesita mover tal cantidad de dinero de esa manera.
Esto es lo que pasa cuando se intenta gobernar a cualquier precio, sin límites ni escrúpulos. Pedro Sánchez ha jugado durante años a un peligroso equilibrio, entregando trozos de España a quienes precisamente no creen en ella. Ahora, cuando Puigdemont se levanta de la mesa y responsabiliza al PSOE de la ruptura, el presidente se encuentra con la factura de su propio pacto con el diablo.
Pedro Sánchez vuelve a jugar con fuego. El presidente del Gobierno, acorralado por los escándalos y las sombras que rodean a su Ejecutivo, afronta ahora un nuevo frente en el Senado, donde tendrá que dar explicaciones sobre sus supuestos “negocios de Estado” y las sospechas que ya salpican a su entorno. Feijóo ha sido claro: si miente ante la comisión, estaría sumando un nuevo delito a la larga lista de tropelías que han manchado esta legislatura. Y no le falta razón.
El jefe de Gabinete de Pedro Sánchez, Óscar López, ha dicho estos días que Junts debe elegir entre “la España del Nodo o la España moderna”. Y claro, uno no puede evitar pensar que los primeros que siguen viviendo en blanco y negro son precisamente ellos, los socialistas, que llevan años empeñados en rebobinar la historia y reproducirla una y otra vez, como si el país no tuviera ya suficientes problemas actuales.
No se puede ser más sinvergüenza. José Luis Ábalos, el exministro que se ha convertido en un símbolo de la desvergüenza política, vuelve a sorprender al país con una nueva maniobra de victimismo. Ahora acusa a la UCO de haberle bloqueado su cuenta de correo electrónico y, con toda la cara del mundo, pide al Tribunal Supremo que ponga fin a lo que él llama una “extralimitación”. Lo que resulta extralimitado, más bien, es su capacidad para eludir responsabilidades y seguir dando lecciones de ética a quienes sí cumplen la ley.
