Cada vez que Marruecos vuelve a agitar el tema de Canarias, Ceuta o Melilla, el Gobierno de España responde con una tibieza difícil de entender. Y mientras Rabat juega a presionar, en Moncloa parecen más preocupados por no incomodar a nadie que por defender con claridad lo que es indiscutiblemente español.
La revelación de los mensajes entre Carlos Mazón y Salomé Pradas en plena tragedia del 29 de octubre no solo hiela la sangre: retrata, de forma cruda, una manera de gobernar desconectada, frívola y profundamente irresponsable. En un día que acabaría con 230 vidas truncadas, el entonces president reaccionaba a alertas de emergencia con un lacónico “Cojonudo”. Cuesta imaginar una respuesta más incapaz de estar a la altura del momento.
Que un juez de la Audiencia Nacional le diga al PSOE que la información sobre pagos en metálico “es suficientemente clara” no es cualquier cosa. Ismael Moreno ha requerido todos los pagos realizados entre 2017 y 2024, junto con sus justificantes, a todas las personas vinculadas al partido: cargos, trabajadores, simpatizantes o voluntarios. Y lo hace porque considera que estamos hablando de hechos “trascendentes” para esclarecer posibles irregularidades. Vamos, que no es una simple formalidad.
La Fiscalía ha decidido abrir diligencias contra Antonio Navarro, secretario general del PSOE de Torremolinos, por presunto acoso sexual. Lo preocupante no es solo la acusación en sí, sino que el propio partido haya tardado cuatro meses en ponerse en contacto con las denunciantes. Ese retraso no solo habla de una gestión torpe, sino de una falta de sensibilidad que deja en evidencia cómo algunas estructuras internas protegen más a sus cargos que a las víctimas.
En la política española ya casi nada sorprende, pero hay movimientos que dejan claro que el instinto de supervivencia puede más que cualquier promesa electoral. La aparente disposición de Pedro Sánchez a reunirse con Carles Puigdemont, justo ahora que la relación con Junts se había enfriado, huele más a necesidad que a convicción.
