El 25 de junio de 2024, España estrenó el Real Decreto 517/2024 con grandes promesas: modernizar la regulación de drones, alinearla con Europa, e impulsar un sector que proyectaba alcanzar 51.400 drones profesionales en 2035 frente a los 4.375 activos en 2018. Seis meses después, la realidad es radicalmente diferente.

