No soy periodista ni abogado. Soy un vecino de esta ciudad que paga sus impuestos, lee el BOE y quiere entender qué está pasando con los fondos públicos que nos pertenecen a todos. Lo que escribo aquí son preguntas. Solo preguntas. Y creo que merecen respuesta.
El BOE recoge en febrero de 2026 que las dos plazas técnicas más críticas de la Ciudad Autónoma han quedado desiertas. Lo que parece un trámite burocrático es en realidad una señal de alarma sobre el funcionamiento real de la institución.
Las ciudades que han conseguido arrancarle compromisos reales al Estado no son las que llegaron con más razón. Son las que llegaron sin fisuras. Porque cuando hay división en el territorio, el Gobierno central tiene la excusa más cómoda del mundo: "hay distintas posiciones, hay que esperar al consenso local". Y espera. Y espera. Y mientras espera, no hace nada.
La denuncia de una inspectora de la Policía Nacional contra el exdirector adjunto operativo (DAO), por presunta agresión sexual no es solo una noticia más.
Es un aviso serio.
Han pasado ya veintidós años desde la aprobación del actual Estatuto Marco del personal estatutario del Sistema Nacional de Salud. Veintidós años sin una actualización integral de un texto que regula las condiciones laborales de cientos de miles de profesionales sanitarios. Un periodo excesivo para un sistema que ha vivido transformaciones profundas, tanto en el ámbito científico y tecnológico como en el social, laboral y organizativo. Actualizar el Estatuto Marco no es una opción: es una necesidad urgente. Y, sin embargo, durante años esta reforma fue pospuesta, aplazada o directamente ignorada. Hasta ahora.
