La entrada en vigor de la Ley de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales no admite interpretaciones laxas ni aplicaciones selectivas. Se trata de una norma de obligado cumplimiento que establece responsabilidades claras para comunidades autónomas y entidades locales. Sin embargo, a día de hoy, persiste una brecha inaceptable entre el mandato legal y la actuación real de numerosas administraciones públicas, que continúan eludiendo sus obligaciones en materia de gestión de colonias felinas y protección animal.
