Es un ejercicio de profunda frustración observar cómo la esfera política se ve a veces socavada por figuras cuya principal característica no es la visión o el servicio, sino una combinación letal de ineficacia y mala actitud.
Es un ejercicio de profunda frustración observar cómo la esfera política se ve a veces socavada por figuras cuya principal característica no es la visión o el servicio, sino una combinación letal de ineficacia y mala actitud.
La jornada de este lunes en la Asamblea ha sido, por decirlo suavemente, un auténtico circo. Se ha dado el primer paso para aprobar el presupuesto de la Ciudad para 2026, un trámite que debería ser serio, transparente y orientado al bien común. Pero aquí seguimos, entre gestos grandilocuentes, silencios calculados y un guion que todos conocemos de memoria.
En los últimos meses estamos viendo un aumento constante de denuncias y condenas por abusos sexuales. No es que antes no ocurrieran —simplemente, ahora se habla más, se denuncia más y se juzga más. Y aunque eso demuestra que la sociedad empieza por fin a escuchar a las víctimas, también nos deja claro que hay una realidad inquietante: tenemos un problema más profundo del que solemos querer admitir.
Hoy la diócesis de Cádiz y Ceuta vive un momento de tensión y esperanza: tras la aceptación por parte del Vaticano de la renuncia de Rafael Zornoza, investigado por un presunto caso de abusos, ha sido nombrado administrador apostólico Ramón Darío Valdivia.
El debate sobre la enfermería escolar vuelve a la mesa y vuelve a alzarse la voz reclamando algo tan lógico como necesario: un convenio claro entre la Ciudad y el Ministerio de Educación. No hablamos de una ocurrencia pasajera, sino de una petición que lleva años rondando mientras los centros educativos continúan funcionando con soluciones improvisadas.