LA OPINIÓN DE LA VERDAD

Carlos Cuerpo viene este lunes a Ceuta. El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa aterriza con la misión de abordar el golpe económico provocado por la crisis migratoria y estudiar medidas de apoyo para la ciudad. Se reunirá con Juan Vivas y con empresarios y agentes sociales. Hasta ahí, perfecto. Ceuta necesita dinero, necesita medidas y necesita que el Estado se haga cargo de una factura que no puede pagar sola. Pero hay una pregunta que resulta inevitable: ¿cuántos ministros tienen que venir todavía para que alguien empiece a resolver algo?

Hay momentos en los que las palabras sobran y los hechos hablan por sí solos. Que un guardia civil desplegado en Ceuta haya contraído sarna en el marco del dispositivo activado para hacer frente a la crisis migratoria no puede despacharse como un simple incidente sanitario. Es la consecuencia de unas condiciones de trabajo que llevan demasiado tiempo siendo denunciadas y ante las que el Gobierno parece haber elegido mirar hacia otro lado.

Hay declaraciones que pueden interpretarse como una provocación diplomática y hay declaraciones que, directamente, retratan la ignorancia histórica de quien las pronuncia. Las últimas palabras del ministro de Justicia marroquí, Abdellatif Ouahbi, pertenecen a la segunda categoría. Afirmar que Ceuta y Melilla constituyen un supuesto «derecho histórico y geográfico» de Marruecos y reclamar que su soberanía vuelva a ponerse sobre la mesa cada vez que Madrid y Rabat se sienten a hablar no es una reivindicación razonable: es intentar convertir una ficción política en una verdad histórica. Y hacerlo precisamente ahora, después de la gravísima invasión sufrida por Ceuta, resulta todavía más desafiante para España y, sobre todo, para los ceutíes.

El desalojo de la playa del Trampolín era una medida necesaria. Después de 22 días soportando una situación excepcional, con miles de personas viviendo en asentamientos improvisados y utilizando espacios públicos como lugar de residencia, recuperar la playa para los ceutíes era una obligación. También lo es garantizar unas condiciones dignas de acogida mientras se busca una solución al problema. En ese sentido, el traslado ordenado a los nuevos espacios habilitados supone un paso adelante.