Que la esposa del presidente del Gobierno tenga que pedir a la Audiencia de Madrid que impida a la UCO analizar sus correos electrónicos no es solo un hecho llamativo, es una verdadera vergüenza que debería preocupar a cualquier ciudadano que crea en la transparencia. En una democracia, nadie debería sentirse por encima de la ley, y menos aún la persona que ocupa el círculo más cercano del jefe del Ejecutivo.
El Congreso ha arrancado el nuevo curso político como era de esperar: entre broncas, reproches y votaciones que claman por elecciones anticipadas y la destitución de ministros que ya no sostienen ni el crédito ni la confianza pública. No es casualidad que el nombre de María Jesús Montero haya vuelto al centro del huracán, símbolo de una gestión errática y de un Gobierno más preocupado en sobrevivir a base de pactos y cesiones que en dar respuestas a los problemas reales de los ciudadanos.
Otra vez la Vuelta a España se ha visto interrumpida por protestas políticas que nada tienen que ver con el deporte. Esta vez han sido doce los detenidos por una acción pro Palestina que, más allá del ruido mediático, vuelve a poner en el punto de mira a los aficionados que solo quieren disfrutar del ciclismo. Porque la pregunta es clara: ¿qué culpa tienen ellos de que algunos decidan convertir una competición deportiva en escenario de su propaganda?
Que Pedro Sánchez piense en recibir a Carles Puigdemont en Moncloa, y encima con foto incluida, es la prueba más clara de hasta dónde está dispuesto a llegar para mantenerse en el poder. Marzo o abril, dice él, como si eso de “sentarse con los fugados de la justicia” fuera un trámite más en la agenda del presidente. Lo triste no es solo la propuesta, sino que Sánchez parece creer que una foto puede borrar la gravedad de la traición que representa Puigdemont para la legalidad española.
El dictamen del Abogado General de la Unión Europea no deja lugar a dudas: la retirada de la inmunidad a Carles Puigdemont por parte del Parlamento Europeo fue perfectamente legítima. Una decisión que viene a recordarnos lo evidente: quien huye de la justicia no puede pretender esconderse tras privilegios políticos ni ampararse en una inmunidad que no está pensada para blindar a prófugos, sino para garantizar la independencia del ejercicio parlamentario.
