Lo de las transferencias a Euskadi empieza a sonar a chiste de mal gusto. En lo que va de año ya van siete, y si echamos cuentas, la mitad de los traspasos hechos desde que Sánchez llegó a Moncloa han acabado en el mismo sitio. El País Vasco, como si fuera el alumno consentido de la clase, recibe y recibe mientras el resto de comunidades siguen reclamando sin demasiado éxito lo que también les corresponde.
La ausencia de Begoña Gómez en la cita con el juez Peinado vuelve a levantar sospechas más que razonables. No se trata de un trámite cualquiera, sino de una comunicación esencial: que, en caso de juicio por malversación, será un jurado popular quien decida. Negarse a acudir, o simplemente dar largas, no transmite precisamente tranquilidad ni transparencia.
En un asunto tan delicado como la violencia de género, no caben las medias tintas ni los comunicados tibios. El Ministerio de Igualdad ha pedido “disculpas” a las víctimas por los fallos en las pulseras antimaltrato, un gesto que, lejos de reparar nada, suena a burla dolorosa. Porque aquí no hablamos de un trámite administrativo ni de una incidencia técnica: hablamos de mujeres que se juegan la vida cada día.
Lo de Jordi Turull es para nota. Ahora resulta que, según él, los andaluces se desgravan el gimnasio y el veterinario de sus mascotas “con el dinero de los catalanes”. Una afirmación que no solo es torpe, sino que además demuestra la obsesión enfermiza de cierto independentismo con ese supuesto expolio que nunca logran demostrar con seriedad.
El paso dado por el juez Juan Carlos Peinado no es menor. Informar a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, a su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, y al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, de que el caso por un presunto delito de malversación pasará a jurado popular, marca un antes y un después en esta historia. Ya no hablamos de simples diligencias, sino de la posibilidad real de que sean juzgados como cualquier ciudadano corriente.
