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La reciente adjudicación del contrato para dotar a la Policía Local de un vehículo destinado a la Unidad de Violencia de Género ha vuelto a poner sobre la mesa una cuestión incómoda: ¿está nuestra policía local priorizando lo que le corresponde o desviando sus funciones hacia terrenos que no son de su competencia? No se trata de restar importancia a la violencia de género —una lacra que debe combatirse desde todos los frentes—, sino de preguntarse si tiene sentido que una policía municipal asuma tareas para las que, según la legislación vigente, no tiene competencias plenas.

No hay duda de que Helity ha supuesto una pequeña revolución en la forma en que los ceutíes pueden desplazarse. La rapidez de los vuelos en helicóptero hacia Málaga o Algeciras ha ofrecido una alternativa valiosa, especialmente frente a las dificultades del transporte marítimo. Sin embargo, cuesta entender por qué destinos como Sevilla, Cádiz o incluso Granada siguen fuera de la ecuación, cuando hay una demanda más que evidente.

Vox ha vuelto a poner el dedo en la llaga al advertir que Marruecos “toma posiciones” ante una hipotética negociación sobre el estatus de Ceuta y Melilla. Y aunque a algunos les pueda parecer alarmismo, lo cierto es que el contexto actual da para estar alerta. Nunca antes Rabat había tenido tanto respaldo internacional, ni tanta capacidad para presionar, ni un Gobierno en Madrid tan dispuesto a contemporizar.

En un país que presume de respeto a los derechos humanos, seguimos fallando estrepitosamente a los que más lo merecen: nuestros mayores. El maltrato a personas mayores es una realidad silenciada, muchas veces escondida tras las paredes de una casa o incluso dentro de centros donde deberían estar protegidos. Lo más escalofriante es que la mayoría de las víctimas son mujeres, doblemente vulnerables por su edad y su género. Y lo más indignante, que esto ocurra con una frecuencia tan alarmante como desapercibida.