Lo que Yolanda Díaz -la empática y meliflua ministra- acaba de proponer, no es una medida social, es una legal declaración de guerra contra la propiedad privada, contra la Constitución y el sentido común. Su plan para resolver el grave problema de la "inquiokupación" —esa plaga moderna que arruina a familias enteras— no tiene desperdicio y convierte al propietario en sospechoso, al okupa en víctima y al Estado en cómplice del saqueo.

