El Consejo de Ministros ha dado este martes un paso importante en la lucha contra la pobreza al aprobar la transferencia de casi 200 millones de euros a las comunidades autónomas para atender a las familias más vulnerables. Estos fondos, destinados a cubrir necesidades básicas como alimentación, higiene, ayuda a domicilio e inserción social, llegan en un momento crítico, con miles de hogares aún sufriendo los efectos de la crisis económica y la inflación persistente. Pero, más allá del anuncio, cabe preguntarse: ¿es esta medida suficiente para paliar un problema estructural?
