Ya está bien. Ceuta y Melilla no necesitan que un puñado de activistas instalados en Madrid venga a explicarles qué son, a cuestionar su españolidad y, de propina, a repartir carnés de racismo entre quienes llevan semanas soportando una situación extraordinaria. Llamar a nuestras ciudades “frontera colonial y racista” no es defender los derechos humanos: es lanzar una acusación política gravísima contra dos territorios españoles y contra una realidad histórica, jurídica y democrática que algunos parecen dispuestos a retorcer para que encaje en su pancarta. Este sábado lo han vuelto a hacer públicamente.