El reciente posicionamiento del juez Pablo Llarena, quien ha decidido no conceder la amnistía por malversación a Carles Puigdemont, Toni Comín y Lluis Puig, no sorprende, pero sí genera reflexiones sobre el alcance y los límites de la justicia en un momento delicado para España. Esta negativa a cerrar el capítulo judicial del "procés" recuerda que, pese a los cambios políticos o los posibles acuerdos parlamentarios, la justicia tiene sus propias normas y tiempos.
La noticia de que Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha y líder del Partido Socialista, ha decidido alinearse con cinco comunidades gobernadas por el Partido Popular para presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía, es una bocanada de aire fresco en el panorama político actual. No se trata de un acto de rebeldía, sino de coherencia. Aunque ambos líderes, García-Page y Pedro Sánchez, comparten siglas, está claro que no comparten la misma visión sobre temas cruciales para el país. Esta decisión demuestra que hay socialistas que, afortunadamente, priorizan los principios y no se dejan arrastrar por los intereses de partido o las presiones del Gobierno central.
Es indignante, frustrante y, sobre todo, una muestra clara del fracaso de los Estados implicados. La muerte de dos agentes de la Guardia Civil en el puerto de Barbate a manos de un narco marroquí no es solo un trágico accidente, es el símbolo de una guerra perdida por la dejadez de dos gobiernos: el de España y el de Marruecos. Han pasado meses desde el suceso y, a pesar de que la Guardia Civil ha localizado a Karim Gabarde, el conductor de la lancha que acabó con la vida de nuestros agentes, Rabat sigue jugando al despiste, alegando "desconocimiento" del paradero de este criminal. ¿De verdad esperan que creamos tal desfachatez?
La reciente llegada de Edmundo González a España como asilado político plantea una serie de reflexiones importantes sobre la posición del gobierno español respecto a Venezuela y al régimen de Nicolás Maduro.
Durante la cumbre del Partido Popular celebrada este viernes, Alberto Núñez Feijóo ha levantado una bandera que muchos consideran más que necesaria: la reforma del modelo de financiación autonómica. Lo ha hecho apelando a un concepto clave, la "multilateralidad", es decir, la idea de que las decisiones que afectan a las comunidades autónomas deben tomarse con la participación de todas, sin favoritismos ni acuerdos bilaterales. Y la verdad, suena razonable. Feijóo insiste en que todos deben remar en la misma dirección, con un claro "todos a una", un lema que tiene eco en las demandas de muchas regiones que sienten que llevan años soportando un sistema que ya no es justo ni equitativo.
