La reciente petición de la número dos de Álvaro García Ortiz al Tribunal Supremo para evitar la imputación del fiscal general por la filtración de datos reservados del novio de Isabel Díaz Ayuso genera una inevitable reflexión sobre la delgada línea que separa la justicia de la política. En un contexto en el que la filtración de información confidencial es un delito grave, la controversia sobre si García Ortiz debe ser imputado o no adquiere una dimensión que trasciende lo judicial, tocando de lleno las dinámicas de poder político en España.