El próximo 25 de abril, la plataforma Ceuta con Palestina ha convocado una manifestación que partirá desde el barrio del Príncipe bajo el lema “Ningún puerto para genocidio”. Una protesta que, en principio, se presenta como una muestra de solidaridad con la causa palestina, pero que encierra detrás una lectura política cada vez más evidente, más arriesgada y, sobre todo, más irresponsable para una ciudad como Ceuta.
El 14 de julio de 1994 el Pleno de la Asamblea aprobó, con los votos de CEU, PFC y PSOE, delegar todas (las que la ley permitía) sus competencias en el Consejo de Gobierno y el Presidente de la Ciudad, un hecho que, desde el punto de vista del partido Ceuta Ya!, supone despojar a la Asamblea de una parte más que considerable de su capacidad de decisión en asuntos de indudable interés y trascendencia.
El Gobierno local ha dejado claro que espera que las "posibles trabas burocráticas o judiciales" que presenten las autonomías al real decreto ley de traslado de menores no afecten a la "aplicación" del mismo que espera sea "lo más breve" y que se lleve a cabo antes del verano.
Es inquietante la persistente incompletitud del Portal de Transparencia de nuestra ciudad. Un instrumento que debería ser un faro de claridad y rendición de cuentas se presenta, año tras año, con lagunas significativas. Y lo más llamativo es que, según parece, los señalados por esta falta de transparencia son, con una preocupante regularidad, los mismos rostros de nuestra clase política. Nos referimos a políticos y cargos de confianza que también deberían hacerla.
La Policía Nacional y la Guardia Civil liberaron en 2024 a un total de 1.794 víctimas de redes de trata y de explotación sexual o laboral, entre ellas 32 menores. Este balance es el resultado de 419 operaciones, que desembocaron en la detención de 966 personas y la desarticulación de 110 organizaciones y grupos criminales.
