La Junta de Andalucía ha puesto sobre la mesa una cuestión que, aunque parece técnica, es de gran calado político: ¿quién debe financiar los 25 millones de euros que requieren los campus universitarios de Ceuta y Melilla? La Junta, con competencias en educación superior, señala al Gobierno central como el único responsable de asumir esta partida presupuestaria. Y no les falta razón, aunque la disputa deja entrever más que un problema contable.