En Ceuta siempre hemos tenido la sensación de que no todos juegan con las mismas cartas. Y no hablamos de casualidades ni de falta de capacidad, sino de ese amiguismo que, por desgracia, sigue marcando la diferencia entre quienes tienen carta blanca para hacer y deshacer a su antojo y quienes, aun queriendo trabajar, se encuentran con muros por todas partes. Es la eterna historia de los que cuentan con el beneplácito de los despachos frente a los que cargan con trabas injustificadas.
Servilimpce arrastra demasiados problemas y, en lugar de avanzar, parece condenada a tropezar siempre con las mismas piedras. Uno de los más graves es el escandaloso aumento de bajas laborales en la plantilla desde que la empresa se convirtió en municipal. Hoy, más de una cuarta parte de los trabajadores se encuentran fuera de servicio, y no hace falta ser un experto para entender que algo no cuadra.
El Partido Popular ha puesto el dedo en la llaga con una petición que, lejos de ser oportunista, responde a una necesidad real: garantizar que se enseñe en los institutos de toda España la historia del terrorismo de ETA. Y no se trata de reabrir heridas, sino de evitar que se borren. Porque lo que no se cuenta, se olvida, y lo que se olvida, corre el riesgo de repetirse.
Otra vez a oscuras. Este lunes, varios barrios del extrarradio de Ceuta sufrieron un nuevo apagón, y lo más preocupante no es solo la interrupción del suministro eléctrico, sino la incapacidad del Gobierno local para ofrecer una explicación clara sobre lo ocurrido. A día de hoy, seguimos sin saber por qué se fue la luz, ni qué se está haciendo para que no vuelva a pasar. La ciudadanía merece algo más que un encogimiento de hombros institucional.
No es de recibo que quienes velan por nuestra seguridad sigan cobrando dietas que parecen ancladas en otra época. El Partido Popular ha puesto sobre la mesa una cuestión de justicia: actualizar las compensaciones que reciben los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado cuando tienen que desplazarse por razones de servicio. Y no es que pidan un privilegio, sino una actualización que se ajuste al coste real de la vida.
