Alejandro Ramírez anuncia que se van a sancionar los vertederos públicos, pero, sinceramente, llega tarde. La noticia no impresiona: cuando la acción llega después de que todos los ciudadanos han visto cómo se acumula basura y escombros de forma descontrolada y se deteriora la ciudad, las palabras pierden fuerza. No se trata solo de prometer multas o advertir, sino de actuar a tiempo, cuando aún hay margen para evitar que la situación se convierta en un problema crónico.
El PSOE local ha vuelto a protagonizar un episodio que roza el esperpento: anunciar con bombo y platillo un Plan Integral contra la Islamofobia para luego retirarlo en cuanto una enmienda polémica puso el debate cuesta arriba. Una retirada a destiempo que no hace más que evidenciar la falta de convicción y el miedo a enfrentarse de verdad a los problemas de la ciudad. Si se lleva algo al Pleno, lo mínimo es defenderlo con firmeza, no salir corriendo a la primera crítica.
La Delegación del Gobierno en Ceuta ha vuelto a concentrarse para guardar un minuto de silencio en memoria de la última víctima de violencia de género en nuestro país. Un gesto sobrio y necesario que, sin embargo, se repite demasiado a menudo. Y es que, con esta nueva tragedia, ya son 25 las mujeres asesinadas en lo que llevamos de año, una cifra que debería estremecernos y sacudirnos la conciencia colectiva.
La reciente aprobación en la Asamblea de Ceuta para reforzar la estrategia contra los incendios forestales es, sin duda, una noticia que debería alegrarnos a todos. No es un tema menor: aunque nuestra ciudad no sea la que más bosques tiene en España, la vulnerabilidad de nuestro entorno natural y periurbano frente al fuego es real. Los últimos años nos han enseñado que no basta con reaccionar, hay que adelantarse, planificar y dotar a los profesionales de medios adecuados.
El reciente nombramiento de Yolanda Bel como secretaria de la UNED en Ceuta ha levantado más de una ceja. Y no es para menos: según se ha denunciado, carece de un requisito indispensable para el puesto como es la venia docendi. Dicho de otro modo, su designación no solo parece forzada, sino que podría vulnerar tanto la normativa interna de la universidad como la legislación vigente. No hablamos de un simple matiz burocrático, sino de la base que sostiene la legitimidad de cualquier cargo académico.
