CCOO y UGT han comparecido públicamente este martes para anunciar que estudian emprender acciones legales contra la Delegación del Gobierno por la represión llevada a cabo por miembros de la Policía Nacional a los piquetes informativos durante los cuatro días de huelga a las puertas de la prisión Fuerte Mendizábal.
CCOO y UGT han comparecido públicamente este martes para anunciar que estudian emprender acciones legales contra la Delegación del Gobierno por la represión llevada a cabo por miembros de la Policía Nacional a los piquetes informativos durante los cuatro días de huelga a las puertas de la prisión Fuerte Mendizábal.
Las centrales sindicales desconocen las razones que han motivado “un despliegue policial nunca visto en Ceuta en otros problemas de orden público -entre 7 y 8 furgones más un helicóptero-”, para “cercenar el derecho fundamental y legítimo de unos trabajadores que reivindican mejoras laborales”.
Al parecer, los sindicalistas están en posesión de unas grabaciones en las que se aprecian agresiones a los compañeros de los piquetes que, “casi con toda seguridad”, denunciarán.
Por otra parte, ambos sindicatos han denunciado la imposición de unos servicios mínimos “totalmente abusivos” por parte de la Administración en esta huelga, que ha sido secundada en un 80 por ciento de los trabajadores en Ceuta.
La pelota vuelve a caer en el tejado del Ministerio del Interior e Instituciones Penitenciarias, cuyos máximos responsables tiene 72 horas para pronunciarse sobre las demandas de los trabajadores y sentarse a dialogar acerca de la cobertura de todas las plazas vacantes -alrededor de 3.600-, el reconocimiento de los funcionarios de prisiones como agentes de autoridad y la equiparación salarial con independencia de la prisión en la que se desempeñe la labor para erradicar la brecha estimada en 600 euros.
En caso de que la respuesta no sea favorable, los sindicatos ya han asegurado que “la falta de respuesta tiende a la radicalización del movimiento”.
