El Cuerpo Nacional de Policía sostiene que las circunstancias que llevaron a Alí Ouattara a intentar introducir a su hijo Adou en España por la frontera de Ceuta tras serle negada la reagrupación familiar en Canarias constituyen un caso "excepcional y único", que ya se ha solucionado.
El Cuerpo Nacional de Policía sostiene que las circunstancias que llevaron a Alí Ouattara a intentar introducir a su hijo Adou en España por la frontera de Ceuta tras serle negada la reagrupación familiar en Canarias constituyen un caso "excepcional y único", que ya se ha solucionado.
"Lo de Adou ha sido un caso excepcional, un caso único que se da porque la vida tiene estas cosas, pero las leyes se hacen para cumplirlas", ha señalado a los periodistas el comisario jefe de la Brigada de Extranjería en la provincia de Las Palmas, José Luis Sebastián Montesinos, en unas jornadas sobre tráfico de personas.
Alí Ouattara y su esposa Lucie residen legalmente desde hace años en Puerto del Rosario (Fuerteventura) junto con otra hija, pero no pudieron traerse consigo de Costa de Marfil a Adou, que estaba enfermo de paludismo, porque los ingresos de la pareja no alcanzaban, por poco, los límites estipulados.
La repercusión que ha tenido el caso, después de que el niño fuese interceptado en la frontera de Ceuta dentro de una maleta que portaba una ciudadana marroquí, y sus especiales circunstancias han llegado a la Defensora del Pueblo a pedir que se revise el expediente de la reagrupación familiar de los Ouattara.
Preguntado por esta decisión de Soledad Becerril, el jefe de la Brigada de Extranjería ha recordado que el padre de Adou ya ha quedado en libertad y que la familia está camino de Fuerteventura.
"Está arreglado. Un hecho puntual y concreto no se puede magnificar, ni puede servir para denigrar la política de inmigración de España, que en la mayor parte procede de normas europeas que tenemos que cumplir por ser miembros del espacio Schengen", ha defendido el comisario Sebastián Montesinos.
Este mando policial ha recordado, además, que España ha nacionalizado en los últimos nueve años a cinco millones de extranjeros, por lo que "no se puede decir" que sea un país "xenófobo" ni reacio a atender las especiales circunstancias que plantean los inmigrantes que cruzan sus fronteras.
