El 6 de febrero de 2014 la ciudad de Ceuta vivía la considerada segunda peor crisis migratoria de su historia -la primera fue los días 17 y 18 de mayo del pasado año- cuando hasta 15 inmigrantes subsaharianos perdían la vida en un intento de entrada masiva por la playa del Tarajal, según un análisis realizado hoy por la agencia de noticias EFE-Ceuta.
El 6 de febrero de 2014 la ciudad de Ceuta vivía la considerada segunda peor crisis migratoria de su historia -la primera fue los días 17 y 18 de mayo del pasado año- cuando hasta 15 inmigrantes subsaharianos perdían la vida en un intento de entrada masiva por la playa del Tarajal, según un análisis realizado hoy por la agencia de noticias EFE-Ceuta.
La actuación de los agentes de la Guardia Civil que intervinieron en el intento de contención de la entrada dio origen a una "batalla judicial" por parte de varias organizaciones no gubernamentales que hoy ha tocado a su conclusión, exactamente ocho años después, con una decisión del Tribunal Supremo ratificando el archivo de la causa.
Hasta dieciséis guardias han estado inmersos en este procedimiento judicial al entender las organizaciones denunciantes que la actuación de los miembros del instituto armado había incidido en el fallecimiento de los subsaharianos.
DÍA TRAGEDIA
Eran las 07,40 horas del 6 de febrero de 2014 cuando decenas de inmigrantes subsaharianos -cuantificados en unos 250- se lanzaban al mar junto a la frontera del Tarajal que separa Ceuta de Marruecos para intentar llegar al territorio nacional.
La actuación de la Guardia Civil, que utilizó material antidisturbios y pelotas de goma para impedir su entrada en territorio español, fue cuestionada por las oenegés después de que 15 de esos inmigrantes murieran ahogados, muchos de ellos en el lado marroquí del vallado aunque el mar se encargó de devolver a varias playas de Ceuta cinco de los cadáveres.
Se sumó a todo ello la polémica por las llamadas "devoluciones en caliente" al denunciarse que 23 de los inmigrantes que lograron llegar a tierras ceutíes fueron entregados a Marruecos en ese mismo momento, según cuenta EFE-Ceuta en su reportaje.
La tragedia dio origen a las denuncias presentadas por varias organizaciones no gubernamentales, las cuales culpaban directamente a 16 de los guardias civiles que habían intervenido en las inmediaciones de la playa.
Los agentes de la Guardia Civil siempre habían defendido que en ningún momento dirigieron sus pelotas de goma hacia los subsaharianos y que su actuación únicamente fue para frenar la entrada de decenas de personas por la línea playera más próxima a la frontera sur que separa Ceuta de Marruecos.
PRIMERA DENUNCIA
La primera acción judicial comenzó el mismo año de los hechos con una denuncia ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Ceuta, el cual incoaba sus primeras diligencias previas por delitos de prevaricación, lesiones, homicidio por imprudencia grave con resultado de muerte y denegación de auxilio.
Según los denunciantes, los guardias "dispararon pelotas de goma y botes de humo -con propósito disuasorio- desde la playa ceutí del Tarajal al mar en el que una serie de personas intentaban alcanzar Ceuta a nado y que fueron obligadas a volver a Marruecos. No obstante, no todas consiguieron volver nadando y se ahogaron quince personas, resultando otras lesionadas".
Este órgano judicial archivó en tres ocasiones la misma, la última de ellas a finales de octubre de 2019 aplicando la llamada 'doctrina Botín' que fijo el Tribunal Supremo en 2007 en el caso contra el entonces presidente del Banco Santander (Emilio Botín).
La jueza entendió que, como dictaminó el Supremo, no es posible abrir juicio oral contra los guardias civiles a petición únicamente de la acusación popular, en este caso las oenegés que denunciaron los hechos, ya que la Fiscalía solicitó el archivo, según EFE-Ceuta.
La citada resolución judicial fue recurrida en reforma y apelación por el Ministerio Fiscal, y directamente en apelación por la Abogacía del Estado y la representación de los investigados, dictándose auto de fecha 29 de octubre de 2019 por el que se acordaba estimar sustancialmente el recurso de reforma formulado por el Ministerio Fiscal contra el auto de 24 de septiembre de 2019 decretando el sobreseimiento provisional, por aplicación de la "Doctrina Botín".
El día 27 de julio de 2020 se dictó por la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Cádiz, con sede en Ceuta, otro auto acordando desestimar los recursos de apelación formulados por la Asociación Coordinadora de Barrios para el Seguimiento de Menores y Jóvenes, la Asociación Obervatori de Drets Humans (DESC) y la Asociación Sociedad Humana contra el auto dictado por el Juzgado de Instrucción número 6 de Ceuta el 29 de octubre de 2019.
Tras notificar la resolución judicial, las asociaciones presentaron un recurso de casación por infracción de precepto constitucional e infracción de ley, el cual se ha resuelto este jueves.
MARCHA
Lo ocurrido en la mañana del 6 de febrero se ha estado recordando todos los años en Ceuta con la denominada "Marcha por la Dignidad" convocada por diferentes asociaciones, colectivos y entidades, siempre en fechas cercanas al día de los hechos.
La marcha siempre ha salido desde el centro de Ceuta o bien desde la sede de la Universidad de Granada en Ceuta, terminando en la playa del Tarajal, un lugar que quedó marcado por este trágico capítulo migratorio.
La resolución judicial de hoy pone el punto y final a uno de los episodios migratorios más tristes en la historia de España al ser el mayor número de víctimas que se habían registrado en Ceuta en uno de los intentos de entrada en grupo protagonizados por los inmigrantes subsaharianos.
El "caso Tarajal" ya está cerrado judicialmente aunque haya quedado en la memoria colectiva como uno de los capítulos migratorios más negros de la historia reciente.
