La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha denunciado hoy que el Ministerio del Interior se "salta a la torera" la jurisprudencia en materia de derechos humanos con "total impunidad", pues se siguen produciendo "devoluciones en caliente" de los inmigrantes irregulares, uno de los "agujeros más negros" del Estado.
La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha denunciado hoy que el Ministerio del Interior se "salta a la torera" la jurisprudencia en materia de derechos humanos con "total impunidad", pues se siguen produciendo "devoluciones en caliente" de los inmigrantes irregulares, uno de los "agujeros más negros" del Estado.
La portavoz de CEAR, Paloma Favieres, ha cargado contra este tipo de irregularidades en la presentación de "Acceso a la protección: un derecho humano", un proyecto europeo financiado por el Programa Europeo para la Integración y Migración (EPIM) que pretende mejorar el respeto de los derechos humanos por parte de la UE.
CEAR considera que la ley española es "bastante garantista" pero no se respeta: "con que se cumplieran sus previsiones tendríamos bastante ganado", ha matizado la abogada Elena Muñoz.
Las autoridades españolas suelen recurrir a los acuerdos bilaterales de readmisión que mantienen con países como Marruecos pese a que, según Muñoz, "no se pueden escudar en ellos cuando está en juego la vida o la integridad física de las personas" o es posible que éstas sean sometidas a tratos inhumanos en el país al que son devueltas.
"Las devoluciones en caliente son ilegales", ha subrayado Favieres, quien también ha criticado que Interior limite la entrada de solicitantes de asilo a ciudadanos sirios o permita expulsiones colectivas donde las personas ni siquiera son identificadas.
Según Muñoz, cada vez es más difícil llegar a territorios europeos por la "maraña legal" de los Estados miembros, que muchas veces no respetan principios del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) como el de no devolver a una persona sin analizar si el país de destino garantiza que no sufrirá tortura o trato degradante.
Los acuerdos de readmisión "no establecen unas garantías claras" en este aspecto, ha precisado la jurista.
Según ha explicado, el TEDH ha establecido que los recursos contra denegaciones de asilo no son efectivos porque "no tienen un efecto suspensivo que paralice la expulsión".
En cuanto a las devoluciones colectivas, la abogada ha insistido en la importancia de valorar las circunstancias personales de cada inmigrante, pues puede ser menor de edad o víctima de trata, entre otros.
La asistencia legal con intérprete en un idioma comprensible para cada persona en proceso de devolución o readmisión es un derecho que no siempre se respeta: "suele haber una primera entrevista sin asistencia letrada bastante deficitaria", ha reprochado Muñoz.
A su vez, la abogada ha declarado que muchos inmigrantes no pueden solicitar asilo "por desconocimiento", ya que han recibido información "en el mismo momento de la entrevista" y no antes.
"En el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Canarias está normalizado que se entregue información a la entrada, pero en el de Madrid no se hace", ha detallado Favieres.
Muñoz ha detectado "vacíos" legales en las interceptaciones en altamar o en aguas territoriales.
Ha concluido con que existe "tendencia" a prácticas irregulares en algunos lugares, aunque el sistema es tan "opaco" que es difícil obtener datos más allá de lo que transmiten los medios de comunicación.
Por su parte, Favieres ha puesto el acento en las personas que permanecen más de 40 días en los CIE y "nunca son visitadas por un cónsul" o ni siquiera saben que pueden solicitar protección internacional.
"Mientras no cambie la política del Ministerio del Interior, yo no le puedo prometer a un demandante de asilo que van a estudiar su petición en el plazo de seis meses", ha zanjado.
El informe español que CEAR ha presentado hoy forma parte del proyecto común liderado por el Consejo Italiano para los Refugiados (CIR), que ha contado con la participación de organizaciones de seis países europeos.
