CCOO ha registrado un escrito dirigido al presidente de la Ciudad en el que quieren manifestar su preocupación, presente y futura, por la situación en que se encuentra el Servicio Público de Transporte Urbano de Viajeros en nuestra Ciudad. Un servicio de los considerados esenciales y obligatorios para todos los Ayuntamiento.
CCOO ha registrado un escrito dirigido al presidente de la Ciudad en el que quieren manifestar su preocupación, presente y futura, por la situación en que se encuentra el Servicio Público de Transporte Urbano de Viajeros en nuestra Ciudad. Un servicio de los considerados esenciales y obligatorios para todos los Ayuntamiento.
En el escrito, el sindicato lamenta que este servicio "se encuentra en un "limbo jurídico" de difícil explicación".
El pasado mes de septiembre la concesión administrativa (subrogada por el Ayuntamiento hacía 50 años) caducó, tras agotar todas las prórrogas posibles "y eso interpretando siempre todas las normas aplicables de la manera más favorable". CCOO critica que, a pesar de tener conocimiento de ello, con todo el tiempo de antelación posible (se desarrolló una Comisión Informativa con la finalidad de estudiar este expediente hace ya siete años), "la Ciudad dejó transcurrir el tiempo sin emprender el correspondiente proceso de licitación pública hasta rebasar todos los límites. El hecho cierto es que en la actualidad el servicio se presta sin que exista un título concesional ni un pliego de condiciones que regule su funcionamiento. En esta situación ha irrumpido la Pandemia Global provocada por el Covid-19".
Como consecuencia del Estado de Alarma se han producidos dos hechos: por una parte la Ciudad, con la (lógica) intención de garantizar la movilidad ha establecido unos servicios (el 50% de los habituales) que debe prestar la empresa; por otro lado, las restricciones de movilidad impuestas a las personas (lógicas); han reducido los ingresos de la empresa hasta un 10% de su recaudación ordinaria aproximadamente. La conjunción de estos dos factores da como resultado que la Ciudad obliga a mantener un servicio deficitario.
Y la conclusión, para el sindicato, en la práctica, es que los trabajadores tienen que prestar sus servicios mientras que la empresa no les paga la totalidad de sus salarios alegando falta de liquidez.
"El intento de que la Ciudad asumiera el coste del déficit que sus propias decisiones ha generado se ha saldado, de momento, con un fracaso. Al parecer voluntad del Gobierno de solventar esta "brecha" ha tropezado con inconvenientes técnicos derivados de la irregular situación en la que se presta el servicio. En esta situación nos encontramos a día de hoy. No perderemos mucho tiempo en explicar la lógica indignación que embarga al conjunto de la plantilla de los Autobuses y a este sindicato por lo que consideramos un inaceptable atropello a los derechos más elementales de los trabajadores".
"Pero es que además, señor Presidente, lo que está sucediendo en estos momentos debe servirle a usted para reflexionar sobre el futuro de este servicio. Como usted sabe, más allá de la Pandemia, existe una "nueva realidad" en nuestra Ciudad impuesta por la nueva política de frontera anunciada por los Gobierno de España y Marruecos. Es preciso recordar que la línea de autobuses que unía la frontera con el centro de la Ciudad representa, según datos de la empresa, aproximadamente el 40% de la recaudación total. Esto quiere decir que el déficit generado por el resto de las líneas (obligatorias pero deficitarias) era "compensado" con los ingresos del trasiego de la frontera y las ayudas de la Ciudad (en torno a 350.000 euros). No cabe duda que el nuevo escenario introduce un factor de desestabilización de importancia determinante, ante el que sólo caben tres soluciones: Una considerable subida de las tarifas que sería injusta para la ciudadanía y en especial para los sectores más vulnerables; una reducción de las líneas operativas (y de la plantilla) que supondría un empobrecimiento del servicio y un incumplimiento de la obligación legal de la Ciudad; o arbitrar anualmente un sistema de subvenciones por parte de la Ciudad de difícil encaje jurídico y difícil explicación social".
Con lo arriba expuesto, el sindicato CCOO concluye su escrito proponiendo al presidente Vivas que," dejando al margen modelos teóricos y fundamentos ideológicos, y centrándonos en la necesidad de resolver un problema grave de un servicio esencial obligatorio; y teniendo en cuenta que en estos momentos no existe vinculación legal con la empresa; considere la posibilidad de recuperar el servicio subrogándose en los derechos y obligaciones de la actual compañía y encuadrándolo para mayor celeridad en una de las empresas municipales cuyo objeto social lo permita. Dadas las características de nuestra Ciudad, esta es la única decisión que puede garantizar la existencia de un servicio público de calidad, que no reduzca conectividad y que mantenga precios asequibles para los usuarios".
