Existen afirmaciones políticas que, formuladas con la mejor intención, producen el efecto contrario al que pretenden. Cuando la ministra de Sanidad, Mónica García, declaró a mediados de agosto, durante su primera visita a Ceuta tras la entrada masiva, que "asociar inmigración con enfermedad es injusto y xenófobo" y que los inmigrantes "no traen enfermedades, pueden enfermar ahora por condiciones de insalubridad", estaba intentando desactivar un discurso que consideraba estigmatizante.
Hay ocasiones en que las buenas ideas llegan desde fuera porque quienes deberían haberlas tenido dentro no supieron o no quisieron formularlas. Eso es lo que ha ocurrido con la propuesta del ministro del Interior alemán, Alexander Dobrindt, quien ha pedido un procedimiento de deportaciones aceleradas para crisis migratorias como la que sufrió Ceuta el pasado 30 y 31 de julio. La iniciativa, presentada durante una reunión en Múnich con sus homólogos europeos y con el comisario de Migración, Magnus Brunner, plantea la creación de un mecanismo europeo para gestionar crisis migratorias, con procedimientos de repatriación urgente, una fuerza de respuesta rápida de Frontex desplegable en veinticuatro horas y un nuevo sistema de apoyo para los países sometidos a presión en sus fronteras exteriores. La propuesta es sensata, oportuna y necesaria. Y resulta llamativo que tenga que venir de Alemania, y no de España, el país que sufrió la crisis. Porque si alguien debería haber liderado esta iniciativa en Bruselas, ese alguien era el Gobierno español, que vivió en primera persona la entrada masiva de más de setenta y dos mil personas en una ciudad de ochenta y cuatro mil habitantes y que, sin embargo, ha permanecido prácticamente en silencio en los foros europeos durante casi dos meses.
Hay decisiones administrativas que, por su aparente intrascendencia, revelan con más crudeza que cualquier informe oficial la gravedad de una situación. La suspensión del partido amistoso entre las selecciones sub-20 de España y México, que iba a disputarse en el estadio municipal Alfonso Murube de Ceuta el 30 de septiembre, es una de esas decisiones.
La migración ilegal - o irregular - en España no solo es un problema humanitario sino también de seguridad, en especial por la proximidad de Marruecos.
Hay un aspecto de la crisis de Ceuta que apenas ha recibido atención mediática, pero que constituye, probablemente, la amenaza más grave derivada de la entrada masiva del 30 y 31 de julio: la infiltración de células yihadistas. Un informe del analista especializado en terrorismo José María Gil Garre, titulado "Amenaza de etiología yihadista contra soldados españoles en Ceuta" y fechado el domingo pasado, concluye que al menos doce yihadistas fueron detectados durante la invasión, que al menos dos grupos yihadistas no conectados entre sí penetraron en la ciudad, y que uno de ellos tenía órdenes de ejecutar una acción de inghimasi en un lugar público.
El consejero de Medio Ambiente, Alejandro Ramírez, rechazó ayer en la Asamblea la propuesta de Vox de reforzar con vigilantes de seguridad, guardas rurales y auxiliares de servicios la protección de instalaciones y espacios municipales. Su argumento fue que la contratación de vigilantes para espacios abiertos escapa a las competencias de la Ciudad.
Hay una palabra que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha repetido con insistencia desde el pasado 30 de julio: tranquilidad. La situación está bajo control, los procedimientos se están tramitando conforme a la ley, los servicios públicos están funcionando con normalidad, la ciudad recuperará la calma. Ese relato, construido a base de declaraciones públicas y comparecencias parlamentarias, contrasta con la realidad que describen los propios organismos del Estado, las asociaciones profesionales, los datos judiciales y la experiencia cotidiana de los ceutíes. La tranquilidad de Grande-Marlaska no es un hecho objetivo. Es una percepción subjetiva, construida al margen de la evidencia, y cada día que pasa se aleja más de lo que realmente ocurre en la ciudad autónoma.
Desde la Asociación de Mujeres Progresistas de Ceuta «María Miaja» rechazamos cualquier forma de violencia contra las mujeres y consideramos necesario alzar la voz ante las agresiones sexuales y de otra naturaleza que algunas mujeres vienen sufriendo en nuestra ciudad desde el pasado 30 de julio.
