La decisión de la magistrada María Tardón de abrir diligencias previas en la Audiencia Nacional por la entrada masiva de migrantes en Ceuta es, ante todo, una bocanada de aire fresco en medio de un pantano político que se está volviendo irrespirable. Mientras el Gobierno negocia con Bruselas, se enfrenta con el PP y trata de salvar los muebles ante la opinión pública, la jueza ha hecho lo que debía hacer: su trabajo. Sin aspavientos, sin declaraciones rimbombantes, sin mirar a quién pueda molestar. Ha abierto una investigación para determinar si la llegada de decenas de miles de personas a la frontera sur de España fue un fenómeno espontáneo o, como sospechan muchos, una operación orquestada.
La decisión de la magistrada María Tardón de abrir diligencias previas en la Audiencia Nacional por la entrada masiva de migrantes en Ceuta es, ante todo, una bocanada de aire fresco en medio de un pantano político que se está volviendo irrespirable. Mientras el Gobierno negocia con Bruselas, se enfrenta con el PP y trata de salvar los muebles ante la opinión pública, la jueza ha hecho lo que debía hacer: su trabajo. Sin aspavientos, sin declaraciones rimbombantes, sin mirar a quién pueda molestar. Ha abierto una investigación para determinar si la llegada de decenas de miles de personas a la frontera sur de España fue un fenómeno espontáneo o, como sospechan muchos, una operación orquestada.
La denuncia de Iustitia Europa, que alertaba de posibles delitos contra la Seguridad del Estado, contra la Nación, favorecimiento de la inmigración ilegal y organización criminal, no podía quedar en un cajón. La Audiencia Nacional, que tiene entre sus competencias los delitos que afectan a la paz o la independencia del Estado y los cometidos fuera del territorio nacional, ha asumido el reto. Y lo ha hecho con una prudencia que honra a sus jueces: primero, solicitar un informe a la Policía. Después, ya se verá. Esa es la forma correcta de proceder. Sin precipitarse, pero sin dilaciones innecesarias.
El artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que la jurisdicción española conocerá de los delitos cometidos fuera del territorio nacional cuando sean susceptibles de tipificarse como delitos de traición y contra la paz o la independencia del Estado. El artículo 65, por su parte, atribuye a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional el enjuiciamiento de estas causas. La entrada masiva de 50.000 personas en Ceuta, con un saldo trágico de al menos 72 fallecidos, plantea si nos hallamos ante un fenómeno migratorio ordinario o ante una instrumentalización de flujos migratorios con fines de presión política.
La denuncia de Iustitia Europa apunta en esta dirección: la movilización de personas migrantes "no puede ser calificada como un fenómeno migratorio ordinario o espontáneo" por la "dimensión temporal y la concentración de miles de individuos lanzándose simultáneamente al mar desde las costas marroquíes". La organización señala además "la pasividad observada en las costas de origen", que "sugiere una relajación deliberada de los controles fronterizos por parte de Marruecos". Si estos indicios se confirman, la Audiencia Nacional podría ser competente para investigar una posible acción concertada desde el extranjero que habría comprometido la integridad territorial y la seguridad pública en una frontera exterior de la Unión Europea.
Ahora bien, la competencia de la Audiencia Nacional no es automática. La magistrada Tardón ha señalado que todavía está pendiente de "resolver" la competencia penal de la Audiencia Nacional sobre los hechos denunciados. Eso significa que el primer escollo que tendrán que salvar los operadores jurídicos intervinientes es la propia atribución de la causa. Y no será un trámite sencillo, porque la defensa de la competencia de la Audiencia Nacional exige acreditar que los hechos encajan en los tipos delictivos que justifican su intervención. La investigación inicial deberá determinar si existe un sustrato delictivo que justifique la competencia de la Audiencia Nacional o si, por el contrario, el asunto debe ser remitido a la jurisdicción ordinaria. De ahí que el informe policial que ha solicitado la jueza Tardón resulte tan determinante.
Pero ojo, que la Audiencia Nacional no lo va a tener fácil. La investigación judicial, por muy bien encaminada que esté, se va a encontrar con un muro de silencio y obstrucción que puede dejar en papel mojado cualquier avance. Por un lado, el Gobierno español, que debería colaborar activamente en el esclarecimiento de los hechos, se encuentra inmerso en un tenso debate interno sobre si el Centro Nacional de Inteligencia informó o no sobre la entrada masiva antes de que ocurriera. Las declaraciones de la ministra Robles, que ha negado que el CNI hubiera alertado de la inminencia de la invasión, contrastan con las informaciones que apuntan a que los servicios de inteligencia sí manejaban informes al respecto. Este cruce de acusaciones entre el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior no es un simple rifirrafe político. Tiene consecuencias directas sobre la investigación judicial: si el Gobierno se encierra en su hermetismo, los jueces no podrán acceder a información esencial para determinar si la entrada masiva fue previsible y si las autoridades españolas hicieron todo lo que debían para prevenirla.
Y luego está Marruecos. El reino alauí, que ha negado cualquier responsabilidad en los hechos, ya ha dejado claro que no está dispuesto a colaborar en una investigación que podría salpicarle. La "pasividad deliberada" que denuncia Iustitia Europa, si se confirma, supondría una implicación directa de las autoridades marroquíes en la instrumentalización de los flujos migratorios. Pero para probarlo, la Audiencia Nacional necesitaría el testimonio de funcionarios marroquíes, el acceso a documentos oficiales y la cooperación de las autoridades judiciales de aquel país. Y eso, siendo realistas, no va a ocurrir. Marruecos se ha mostrado históricamente reacio a colaborar en investigaciones que afecten a su soberanía, y esta no va a ser la excepción. La falta de colaboración internacional es un muro que los jueces españoles no podrán derribar por sí solos.
Otro problema que se avecina es la identificación de los responsables. Aunque la Audiencia Nacional consiga acreditar que la entrada masiva fue una acción concertada, la investigación se enfrenta a la dificultad de individualizar a los autores. Hablamos de miles de personas que entraron simultáneamente, de una cadena de mando difusa, de organizaciones criminales que operan en la sombra. La denuncia de Iustitia Europa se dirige contra "funcionarios, integrantes de organizaciones criminales y autoridades españolas y extranjeras que pudieran ser identificadas". Pero la identificación no es un ejercicio trivial. La magistrada Tardón ha pedido a la Policía "cuantos elementos de identificación de quienes hubieran podido participar en tales acciones". El informe policial, en este sentido, será clave. Pero incluso con el informe, la tarea de atribuir responsabilidades concretas es compleja y puede dilatar la investigación sine die.
A pesar de todas estas dificultades, la Audiencia Nacional merece un reconocimiento. Sus jueces están actuando con la prudencia y el rigor que se espera de ellos, sin dejarse llevar por las presiones políticas ni por el ruido mediático. La magistrada Tardón ha abierto diligencias sin precipitarse, solicitando los informes necesarios antes de tomar decisiones de mayor calado. Esa es la forma correcta de proceder en un Estado de derecho. Y es de agradecer que, en medio de una crisis que amenaza con desbordar todos los límites, los jueces sigan haciendo su trabajo con la serenidad que caracteriza a la verdadera independencia judicial.
Pero no podemos ser ingenuos. La investigación de la Audiencia Nacional va a encontrar obstáculos que no dependen de la voluntad de los jueces. La falta de colaboración del Gobierno español, atrapado en sus propias contradicciones y en el conflicto con el CNI, y la previsible obstrucción de Marruecos, que no tiene interés en que se aclare su papel en los hechos, son dos muros que la Audiencia Nacional no podrá derribar por sí sola. Los jueces necesitan que el Gobierno les facilite la información que obra en su poder y que la diplomacia española presione a Marruecos para que coopere. Pero, a la vista de las circunstancias, no parece que vaya a ser así.
La Audiencia Nacional ha dado un primer paso. Un paso necesario, valiente y ajustado a derecho. Pero el camino que tiene por delante está lleno de baches. La pregunta que queda flotando es si los jueces podrán sortearlos o si, por el contrario, se estrellarán contra el muro del silencio y la obstrucción. Esa es la gran incógnita que rodea esta investigación. Y la respuesta, desgraciadamente, no depende exclusivamente de ellos. Porque una investigación judicial, por muy bien dirigida que esté, no puede avanzar si el Gobierno se niega a colaborar y si el país vecino cierra la puerta a cualquier cooperación.
La Audiencia Nacional merece el respaldo de todos los que creen en el Estado de derecho. Sus jueces están haciendo su trabajo con la profesionalidad y la independencia que caracteriza a la judicatura española. Pero no podemos exigirles que hagan milagros. Si el Gobierno y Marruecos no colaboran, la investigación se quedará en nada. Y entonces, la verdad sobre lo que ocurrió en Ceuta los días 30 y 31 de julio seguirá siendo un misterio. Un misterio que, para muchos, ya tiene nombre: instrumentalización migratoria. No obstante, para la Justicia, seguirá siendo solo una sospecha.
Diego Fierro Rodríguez
Letrado de la Administración de Justicia
